"Se cae la macrocausa judicial" iniciada por el gobierno municipal anterior contra la Junta de Gobierno Local que gestionó el Ayuntamiento de Granadilla de Abona entre 2003 y 2007. De hecho, en el auto del tercer juez que sigue el proceso y que cierra la fase de instrucción, este señala a los denunciantes (CC, PP y Sí se Puede) como posibles infractores de la ley en la concesión de una licencia concreta. "Considero que existe en esta resolución indicios de criminalidad", apunta el juez José Pablo Carrera, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3.
Esteban González y María del Carmen Navarro (PP), Juan José González, José Domingo Regalado y María Candelaria Rodríguez (CC) son quienes acordaron conceder la licencia urbanística por unanimidad. Curiosamente, a la reunión de la Junta de Gobierno Local no acudieron ni la alcaldesa de entonces, Carmen Nieves Gaspar, artífice de la presentación de la denuncia, ni el único concejal de Sí se Puede y primer teniente de alcalde, Antonio Cabrera.
El auto data del pasado 3 de febrero, por lo que el alcalde, Jaime González, considera que aún es pronto para que la Fiscalía o cualquier persona interesada haya podido actuar ante este apunte del juez. El regidor aclaró que ese expediente "lo dejamos nosotros pendiente para subsanar".
El auto en cuestión pone fin a las diligencias previas de un procedimiento judicial iniciado en 2006, a raíz de una denuncia de CC contra la Junta de Gobierno Local de Granadilla de Abona del periodo 2003-2007, a los que acusaban de supuestos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en unos 80 expedientes, de los que 77 están archivados por el juez.
En ocho años, la causa tiene 23 tomos que suman más de 6.000 folios, pasando ahora a la Audiencia Provincial reduciendo la imputación al alcalde "a cuestiones interpretativas", ya que de los tres jueces que han abordado la causa, el primero (el que lo instruyó directamente y realizó los interrogatorios) sobreseyó el caso provisionalmente, mientras que el actual ciñe todo el problema a la autorización de 10 cuartos lavaderos en Los Martínez (El Médano), "con informe jurídico favorable y en base a las normas subsidiarias vigentes en el momento de iniciar el expediente"; la autorización de unos garajes "que no coinciden con el número de viviendas de la edificación, pero que se ampara en la normativa", y la instalación de la TDT, "que sí tenía expediente".
Jaime González Cejas, arropado por el portavoz Nicolás Dorta y por otros concejales, recordó que el caso se reanudó cuando la Fiscalía presentó sus alegaciones aunque "en todo el proceso no acudió nunca".
El juez señala en el auto del pasado día 3 "que de las actuaciones realizadas no se derivan indicios de que ninguno de los investigados se hayan enriquecido prevaliéndose de una forma directa e inmediata de su cargo".
González Cejas sentencia que queda demostrado que "en política no vale todo" y Nicolás Jorge ciñó la génesis del caso al interés por "la destrucción política del adversario", que ya recurrió el auto.