"No es un comportamiento correcto". Esas cinco palabras bastaron para que el alcalde, José Gumersindo García, reconociera que instalaciones municipales de Candelaria estuvieron enganchadas a la red eléctrica de forma irregular. Lo dijo al término de un debate en el que la oposición al unísono empleó los términos "robo", "ilegal", "sisar", "delito penal", "estafa reiterada", "defraudación", "escándalo público", "delito continuado", "fechoría" y "malsana costumbre" para definir esta acción del gobierno municipal.

Domingo Ramos, concejal de Hacienda, quiso centrar el asunto en la explicación de la tramitación del expediente extrajudicial de reconocimiento de crédito que incluyó, por un valor de casi 24.500 euros, facturas pendientes de abonar a Endesa por esos enganches irregulares de varias instalaciones municipales a la red eléctrica. Punto aprobado solo por el PSOE.

La concejal de Educación, María del Carmen Pérez, explicó que subsanó el problema "cuando me enteré".

Desde la oposición reclamaron ser informados sobre quién ordenó esos enganches y quién los materializó, así como saber por qué el asunto no tenía propuesta de resolución de un concejal. Este aspecto lo quiso zanjar el alcalde señalando que el informe del interventor incluía la propuesta de pago.

Nazaret Díaz (CC), Mayca Coello (SsP), José Fernando Gómez y Carina Dainotto (no adscritos) y María Inmaculada Martín (PP) advirtieron de que lo sucedido estaba contemplado como delito en el Código Penal y reclamaron que el coste económico de esa acción fuera asumida con cargo al patrimonio personal de los responsables.

Y los vecinos pudieron con el gobierno local

Un grupo de vecinos de 230 viviendas de la avenida Marítima protagonizaron gran parte del pleno ordinario de febrero (celebrado ayer) al permitirles intervenciones en las que pidieron que el ayuntamiento actuara de mediador y gestionara subvenciones para acometer la construcción de una estación de bombero, la red secundaria de saneamiento y el enganche a la misma, obras que actualmente se pretende costear con cargo a los ciudadanos. La iniciativa de CC, en la línea de los afectados, encontró el rechazo inicial del PSOE, basándose en que la ley solo permite invertir dinero público en espacio público, cuando el enganche es una cuestión particular. Al final, después de reproches mutuos, acordaron iniciar estudios para realizar los trámites que permitan hacer la obra sin que la inversión tenga que asumirla los vecinos.