El Centro de Asistencia de Minusválidos Profundos (CAMP) Reina Sofía, situado en Güímar, padece una situación "incalificable e inclasificable". El comité de empresa de los centros delegados de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Viviendas al Cabildo de Tenerife -que gestiona el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS)- denuncia públicamente que la administración no invierte ni en la mejora de las instalaciones, ni en la renovación y modernización del equipamiento, ni en el reciclaje formativo del personal ni en promover la mejora asistencial a los usuarios.

Este centro, que cuenta con un centenar de trabajadores y atiende a 96 personas con minusvalía profunda (56 de ellos son internos), tiene baños cerrados por no subsanar sus deficiencias; los beneficiarios emplean camas sin ruedas y que incumplen la normativa vigente para este tipo de instalaciones y servicios; las zonas de esparcimiento externas están en desuso desde el temporal de diciembre, porque se acumulan arbustos secos, ramas de árbol caídas, basura y vegetación; no hay "stock"

de toallas ni de sábanas; ventanas que no cierran adecuadamente, dejando pasar el viento y el frío, que tienen cristales fracturados, que no cuentan con rejas (hay 17 en esa situación), enchufes al descubierto, etc.

Los trabajadores tienen una lista larga de defectos que incluye la piscina, precintada desde hace años por motivos técnicos de normativa legal, además de un sistema de calefacción ineficaz, ya que no calienta en todas las habitaciones por igual.

La representación de los trabajadores trasladó al IASS su solicitud de "un plan de puesta a punto y mantenimiento en las instalaciones" que consideran "básicas para poder atender a los usuarios con un mínimo de seguridad".

Unos ocho usuarios de día se ven obligados a realizar la siesta en colchonetas u otro equipamiento improvisado que se coloca en el suelo, "lo que es incalificable para ellos y muy perjudicial para los trabajadores" que los atienden.

El consejero del Cabildo responsable del IASS, Miguel Ángel Pérez, coincide en que el centro necesita una importante inversión para su adecuada puesta a punto y explica que el organismo autónomo no ha dispuesto de "algo de dinero" para actuar en estos tres centros delegados por la Comunidad Autónoma hasta el último año.

El problema, a su juicio, radica en que el dinero que recibe el IASS del Gobierno canario para intervenir "es brutalmente insuficiente". Admite que se resolvería con la transferencia de los centros (no con la delegación, como están ahora), pero "dotándola con dos millones de euros más".

En la actualidad, Pérez asegura que mantener el CAMP Güímar en funcionamiento durante el mes de agosto le supone al IASS 350.000 euros de fondos propios, "porque el Gobierno canario no paga eso", además de otros 100.000 euros en otro periodo vacacional.

Desde el comité de empresa se llama la atención sobre el servicio de transporte al usuario. Asegura que desde que fue adjudicado por concurso "se incurre en incumplimiento sistemático del pliego de condiciones". Cita el caso de una usuario del Norte de la Isla, que transporta a su madre porque "debe viajar en una camilla y el servicio adjudicado no reúne las condiciones para hacerlo. Esto no ocurría mientras el transporte lo hacía Cruz Roja", afirma.

En materia de situación laboral, los trabajadores aluden a que "dependen de la Comunidad Autónoma, pero del convenio, el IASS aplica lo que le conviene", y ponen como ejemplo que no les reducen la jornada como a cualquier otro empleado de la Administración regional; no les facilitan adelantos, pese a recogerlo su convenio y no se les facilita el equipamiento mientras que cualquier otro trabajador del IASS lo tiene.