Si bien el alcalde y el concejal de Personal, José Gumersindo García y Francisco Pinto, respectivamente, emitieron ayer un comunicado en el que señalaban desconocer el motivo de la citación, aunque advirtiendo de que "se puede tratar de un asunto relacionado con esta materia laboral" al haber sido citado personal del Ayuntamiento de Candelaria, ambas autoridades tendrán que comparecer el 10 de junio en el Juzgado Número 3 de Primera Instancia e Instrucción de Güímar para declarar, en calidad de imputados, por una causa abierta por supuesta contratación ilegal de trabajadores municipales.
Se trata del inicio de las diligencias previas en el marco del contencioso 424/2015, abierto a raíz de una denuncia que ha dado lugar a la entrega, anteayer, de 35 citaciones a personal del consistorio así como al alcalde y al concejal del área, siguiendo el requerimiento planteado por la Fiscalía Provincial. Ese ámbito fue al que acudieron, hace casi un año, la portavoz municipal y candidata a la Alcaldía por Coalición Canaria (CC), Nazaret Díaz, y el propio secretario de la Administración local de la Villa Mariana para poner en su conocimiento tanto la contratación del gerente de la corporación como de otros empleados.
De hecho, el gobierno municipal emitió un decreto anteayer, el número 1.287, para proceder al nombramiento del abogado que se encargará de la defensa de los representantes públicos de Candelaria en este nuevo asunto judicial.
Hoy tendrá lugar la última sesión plenaria ordinaria del mandato que concluirá el próximo 13 de junio, cuando tome posesión la próxima corporación. En la misma se abordará, entre otras cosas, el uso de unos 85.000 euros únicamente durante el primer trimestre del año en curso para el pago de los servicios de abogados a la Corporación municipal. Este hecho ha suscitado malestar entre los grupos de la oposición.
Además, el Pleno deberá pronunciarse sobre un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 73.461,17 euros correspondiente a la suma de facturas pendientes de abono. Se da la circunstancia de que el expediente cuenta con informe contrario de la Intervención municipal, así como del secretario.