Se ha escrito y hablado ya mucho y todo indica que la espiral solo irá en aumento. El pretendido gran centro comercial de Tropicana Atlántico en Adeje comienza a tomar forma, al menos en las obras preliminares, y las alarmas están más que encendidas y sonando a tope en algunos colectivos empresariales. Es el caso del grupo de ferreterías Coarco y de la Asociación de Empresarios , Comerciantes y Profesionales del Sur, que consideran que esta superficie, con independencia de su carácter "ilegal", que creen totalmente probado si se atiende al Plan General actual del municipio, supondrá una descarada desvirtuación del modelo turístico de alto nivel que se ha buscado para esta zona, lo que, en su opinión, traerá pésimas consecuencias al principal foco económico de la comarca y, por ende, casi de toda la Isla.
Esta es la visión y la profunda convicción que mueve, por ejemplo, a la Asociación de Empresarios de Adeje, integrada en la comarcal, que muestra su absoluto rechazo a lo que está sucediendo y a los movimientos de tierra que se ejecutan. Unas obras que, a su juicio, suponen una irregularidad y la prueba de que Tropicana Atlántico pretende aplicar en este caso la política de "hechos consumados" que tanto éxito ha tenido en situaciones similares en otros municipios de la Isla con proyectos de las mismas y "enormes" proporciones.
Esta entidad, en nombre de las otras, dio el pasado lunes un nuevo paso en su estrategia para impedir lo que considera un atropello al interés general de la zona y presentó en el ayuntamiento un escrito dirigido a la concejalía de Planificación y Gestión del Territorio. En él, se lamenta que la respuesta del edil del área a un texto anterior, del 10 de abril, no haya satisfecho muchas de las cuestiones planteadas sobre los trabajos de "limpieza, desbroce y movimiento de tierras parcial en la parcela ET-1 Barranco Las Torres" que se desarrollan. Sobre todo "porque queda en evidencia que no se ha realizado la necesaria visita de inspección a las obras que debe ser realizada por un funcionario de la escala de administración especial debidamente cualificado para determinar si, como hemos denunciado", lo ejecutado "sobrepasa" la autorización dada.
Estas entidades tienen claro que lo que realmente se está produciendo es el comienzo de unas obras de urbanización "destinadas a la implantación de un uso concreto (no desvelado)", tal y como creen confirmar con el levantamiento de un acta notarial y un informe de un arquitecto, documentos que también aportan al consistorio.
El escrito recuerda a al ayuntamiento, a su vez, que está obligado a inspeccionar la protección del medio urbano y a que cualquier edificación y uso del suelo se ajuste a la legalidad, adoptando las medidas oportunas para devolver los terrenos a la situación anterior a cualquier posible infracción cometida.
Además, dejan claro que les consta que "Tropicana Atlántico, Leroy Merlín España e Inmobiliaria Leroy Merlín solicitaron al ayuntamiento el 18 de diciembre de 2014 licencia de obras para el proyecto básico de actividad y edificio de Leroy Merlín y parque comercial de medianas superficies especializadas, lo cual podría coincidir con las obras que denunciamos, preparatorias de la construcción del edificio".
En este sentido, advierten de que "resulta ilegal el otorgamiento de una licencia municipal sin la preceptiva y previa licencia comercial que debe otorgar el Gobierno de Canarias". Por ello, advierten de la "improcedencia" de que, "por la vía del silencio administrativo, pudiera fraguarse una vulneración de la ley, correspondiendo al ayuntamiento evitar esta situación denegando la solicitud presentada".
En este contexto, solicitan que se produzca y se les informe de la necesaria inspección técnica y se les notifique también, en el plazo de 5 días, qué ha pasado con dicha solicitud de licencia por parte de las citadas entidades a efectos de tomar cualquier otra medida legal.
Estos colectivos empresariales subrayan que lo que se pretende en esta polémica parcela es un centro comercial en un terreno destinado a "parque de atracciones, multiplicando por cuatro la edificabilidad actualmente permitida, pasándose de 32.135 metros cuadrados a 127.000". Esto lo califican de "auténtico pelotazo urbanístico, contrario al PGO y a la normativa comercial de Canarias (...) porque la implantación de nuevos centros comerciales solo es posible si el Ejecutivo regional aprueba un Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales, plan que no existe" en la actualidad.
Asimismo, recalcan que es también contraria al PIOT porque exige ese mismo plan de equipamientos, aparte de que hay un informe contrario del Cabildo. A esto se suma, según su versión, que resulta contraria a la ley regional de transportes al suponer "un grave impacto en la red viaria (accesos y salidas de vehículos del centro) que no se ha estudiado y para el que no se prevé medidas correctoras".
También advierten de que "Tropicana Atlántica vende su proyecto sin contar con ninguna autorización para realizarlo", aparte de que no solo tiene el rechazo del Cabildo, sino de la Cotmac y jamás podría obtener licencia local "porque el consistorio cometería una ilegalidad porque solo tienen permiso para obras de limpieza, cuando están haciendo de desmonte y excavación".
El gobierno local, por su parte, insiste en que se trata de un terreno de "30.000 metros calificados como comerciales desde hace más de 20 años. Eso está aprobado y es irreversible porque se trata de una licencia reglada que, si se pide con todos los requisitos legales, no se puede negar, a no ser que se indemnice a los propietarios".