La denunciante de Pedro Fernández Arcila por el cobro de 12.000 euros (10.200 netos, una vez descontados 1.800 de impuesto) por la elaboración de informes encargados por el gobierno municipal de Granadilla de Abona del periodo 2007-2011, documentos cuya existencia no consta en el ayuntamiento, al parecer, solicita la práctica urgente de diligencias probatorias. La causa es que de la documentación entregada por el abogado y político (miembro de Sí se Puede) en sede judicial desprende "la posibilidad de la comisión de nuevos delitos".

Entre esas pruebas, la denunciante demanda "los originales, debidamente foliados y rubricados en todas sus páginas", de tres de los informes que Fernández Arcila dice haber elaborado y entregado entre octubre de 2007 y enero de 2008.

A raíz de la denuncia citada, la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granadilla de Abona inició diligencias previas por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial citando, en calidad de imputados, a Pedro Fernández Arcila, actual concejal y candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por Sí se Puede (SsP), así como a José Luis Fernández Fuarros, secretario general de la dicha formación política en el municipio granadillero.

La jueza María Cristina González percibe "características que hacen presumir la posible existencia de un delito de malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial".

Pedro Fernández Arcila solicitó el archivo de las diligencias entregando en el juzgado la documentación objeto de la denuncia, al parecer. Sin embargo, la denunciante asegura que "solo se aportan dos informes" en lugar de los cinco por los que cobró y uno de ellos, que está sin firmar, se limita a reproducir el artículo 167 del texto refundido de la Ley del Suelo de Canarias.

Además, en un segundo informe de dos folios, "se limita a efectuar consideraciones generales sobre las evaluaciones ambientales y sobre una concreta actuación en el Polígono Industrial" de Granadilla.

El resto de los documentos son, a juicio de la denunciante, alegaciones municipales al Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos y al Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del puerto de Granadilla, siendo este "una fotocopia" que carece de sellado y rúbrica, según plantea la denunciante, y en el que se "aprecia una raspadura y tachado en el margen izquierdo".

Pedro Fernández Arcila sale al paso facilitando la documentación aportada en el juzgado y defendiendo que actuó correctamente.

La mafia del PSOE y el "pobrecito" Corrales

"Me siento tremendamente orgulloso de que la mafia del PSOE de Granadilla y el pobrecito de Corrales, que ve cómo se le acaba el chollo de vivir de la política, me hayan denunciado porque eso significa que las cosas se están haciendo muy bien en Sí se Puede", dijo Pedro Fernández Arcila, para quien la solicitud de la acusación "es una auténtica payasada y solo puede hacerlo quien ahora no sabe por dónde escapar".

Fernández Arcila señaló que "ya no hablan de que no hay informes, sino que algunos son pseudoinformes, que otros tienen una tachadura o que falta mi firma. Los autores de esta trama saben que se verán en los juzgados por denuncia falsa y el funcionario que mintió en el informe se someterá a un proceso por falsedad en documento público. Espero que mi denuncia sirva para echarlos a todos ellos de la vida pública."

El también candidato de SsP a la Alcaldía de Santa Cruz recuerda que la denunciante ocupa el séptimo lugar en la candidatura que lidera José Manuel Corrales (XTF-NC) y que el técnico granadillero que informó de la inexistencia de los informes en sede municipal era el número 7 en la lista del PSOE en 2003 al Parlamento canario.