David Luis Castellano fue uno de los vecinos que tuvieron que abandonar su casa en Cho Vito, la cual tenía en propiedad y como "única residencia habitual y permanente", tal y como queda recogido en un acuerdo firmado el 1 de abril de 2013, por el que percibiría 12.000 euros a razón de 400 euros mensuales, entre el aludido y el gerente de Epelcan, Cirilo Acevedo.

Sin embargo, no ha percibido los dos meses anteriores, "cuando actualmente faltan 1.400 euros para completar los 12.000 del compromiso", señala el padre del afectado, quien asegura que "nos están toreando". Lo dice porque "he ido más de 20 veces al ayuntamiento a resolver este tema y mientras uno (el concejal de Hacienda, Domingo Ramos) dice que sí, que tiene derecho, el alcalde me dice que espere".

Se da la circunstancia de que ya hubo un incumplimiento inicial con David Castellano, puesto que el documento rubricado estipulaba que los 12.000 euros los percibiría "en el momento de la firma del acuerdo". Finalmente, accedió a que le pagaran mensualmente.

Las administraciones central, regional, insular y municipal participaron en el proceso negociador con los vecinos que fueron expulsados de Cho Vito para derribar las viviendas que allí había. El 19 de noviembre de 2012 se adoptó un primer acuerdo, en el que se priorizaba su acceso a una vivienda de protección oficial.

Asimismo, el Ayuntamiento de Candelaria se comprometió a promover ante las otras administraciones competentes, la construcción de las casas para estos vecinos en un solar situado por encima de Cho Vito.

Desde el gobierno local no se realizó pronunciamiento alguno.