La juez de Instrucción del Juzgado nº1 de Arona dictó un auto ordenando la entrega al empresario R.G.E.M. de las propiedades y el dinero incautado por el Grupo de

Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Playa de las Américas el 8 de agosto de 2011, durante el registro de un local del afectado. "Consultó con el Ministerio Fiscal, que no se opuso a que me entregaran mis cosas, y cuando me persono en el juzgado encuentro que estaba todo manipulado y lo que me pretendían entregar no era mío". De hecho, "la secretaria judicial así lo certifica, ya que ella misma comprobó el estado de las cosas y que los números no coincidían con lo que dijo la policía que entregó".

Así lo explica R.G.E.M., quien asegura que los agentes retiraron sus pertenencias en tres furgones "pretendiendo darme cuatros cosas destrozadas que no eran mías. Además, no estaba la documentación original, lo que también certifica la secretaria judicial".

El aludido afirma que, "como ni el juzgado ni la Fiscalía han hecho nada absolutamente, a pesar de que tienen conocimiento de todo, he solicitado en varias ocasiones que se cumpla lo mandado por su señoría. La Fiscalía tiene la obligación, por ley, de llegar al fondo del asunto, pero no solo no hace nada, sino que no me contesta. Por eso, la Defensora del Pueblo lleva casi un año pidiendo a la Fiscalía General del Estado que diga dónde están mis cosas, sobre todo el dinero, pero tampoco contestan".

Este asunto comenzó "a raíz de una demanda contra dos policías nacionales que me hacían competencia desleal con empresas similares a las mías, que fueron condenados por el régimen interno en octubre de 2010".

"Después de eso comenzó la cacería contra mi persona", indica R.G.E.M.. Entonces fueron registrados tres locales de este empresario, "uno era de oficinas de administración interna, otro era un depósito y el tercero, una oficina en obras. Los precintaron y días después aprovecharon que yo estaba declarando en el Juzgado Número 2 de Arona, quitaron los precintos, llamaron a los trabajadores y se llevaron todo lo que quisieron".

Es decir, material informático "que instalaron en la Comisaría de Las Américas sin permiso judicial, aunque dicen haberlo pedido pero nunca hablan de que se lo concedieran".

Asimismo, "se llevaron casi cinco millones de euros en varios formatos, dinero que no aparece ni nadie dice dónde está".

Este asunto, por el que fue denunciado y detenido, está sobreseído "y mis ordenadores y mi dinero se encuentra en manos de otros". R.G.E.M. explica que "estamos esperando un tiempo prudencial para, luego, demandar al estado español. Si no cumplen lo que ellos mismos dictaron, esperamos que hagan lo que dicte la Unión Europea".

A juicio del empresario, "está claro que no quieren devolverme lo que es mío y, si no me demuestran lo contrario, todos están intentando quedarse con lo mío y por eso se hacen los locos". R.G.E.M. alude así "al juez, que está para hacer cumplir la ley y lo que ordena; la Fiscalía, que está para aplicar la ley si no se cumple, y la policía, que debió entregar mis cosas al juzgado haberlo hecho el registro legalmente, con una orden y conmigo presente".