La Fiscalía de Tenerife "no informa a la Fiscalía General del Estado de dónde está el dinero" que le fue incautado al empresario R.G.E.M. por el Grupo de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Playa de las Américas el 8 de agosto de 2011, durante el registro de un local del afectado.
Así lo asegura el afectado, que reclama los cinco millones de euros que, según afirma, fueron retirados por los efectivos policiales en el registro de tres locales. Ante lo que considera "irregularidades" por parte de la policía, explica que "de Fiscalia y del Juzgado de Instrucción número 1 de Arona se niegan a dar un informe al Defensor del Pueblo sobre el paradero de ese dinero". Este órgano "ha solicitado en numerosas ocasiones, desde hace más de un año, esa información. Lo más extraño es que el Defensor del Pueblo no ha usado los medios que le proporciona su condición para exigir la entrega del dinero".
La juez de Instrucción del Juzgado número 1 de Arona dictó un auto ordenando la entrega al empresario R.G.E.M. de las propiedades y el dinero. Cuando el empresario se persona en el Juzgado para recoger sus pertenencias, la secretaria judicial certificó que no se correspondían con las propiedades del afectado, de lo que tiene conocimiento la Fiscalía.
De hecho, estando el caso sobreseído, R.G.E.M. sigue reclamando lo que le fue retirado de los locales que registraron mientras el empresario estaba siendo interrogado.
"Como ni el juzgado ni la Fiscalía han hecho nada absolutamente, a pesar de que tienen conocimiento de todo, he solicitado en varias ocasiones que se cumpla lo mandado por su señoría", reiteró el empresario.