Ya en 2010 lo intentaron y los afectados se opusieron. Lo mismo sucederá en esta ocasión si se cumple lo que anuncian los afectados. El alcalde en funciones, José Gumersindo García, y su previsible sustituta, Mari Brito, informaron a los habitantes de Bajo la Cuesta que esta semana les comunicarán el desalojo de sus viviendas. La causa es el contenido de un informe externo, encargado por el gobierno municipal, en el que se advierte de la existencia de riesgo para la integridad de cosas y de las personas por posible desprendimiento del talud.

Este enclave de Candelaria lo forman más de 50 viviendas construidas (casi todas ellas partiendo de una cueva) tanto en la calle Manuel Oliva Martín, la única del barrio, como en la zona conocida por Paseo de la Soga, situada más allá del tramo asfaltado.

La representación legal de Bajo la Cuesta advirtió ayer de que recurrirán el decreto del alcalde en funciones, que esperaban recibir ayer pero que, previsiblemente, les será entregado hoy a los afectados. El abogado, José Ortega, lamentó que "no nos hayan facilitado el estudio que encargó el ayuntamiento a una empresa privada", poniendo en duda alguna de sus conclusiones. "Por ejemplo, en ese documento se asegura que asegurar el acantilado costaría millón y medio de euros".

Durante el encuentro, el alcalde en funciones (dejará de serlo el sábado) trasladó a la población de Bajo la Cuesta que la medida tiene por objeto "garantizar la seguridad de los vecinos".

El 26 de febrero de 2010, esta zona de la Villa Mariana recibió la primera notificación de desalojo. En aquella ocasión, el alcalde se basó en informes técnicos del Servicio de Costas de Tenerife y de los Servicios Técnicos del propio ayuntamiento, que recomendaron "que se prohíba totalmente el paso a personas y vehículos en la zona de Bajo La Cuesta y se proceda al desalojo de las personas que habitan en dichas viviendas, así como el corte de suministro de energía eléctrica de uso domiciliario, alumbrado público, telefonía y suministros de energía eléctrica de uso domiciliario, alumbrado público, telefonía y de agua potable". La situación se agravó entonces por una a declaración de preemergencia máxima por vientos fuertes declarada por el Gobierno de Canarias.

Al negarse los vecinos a abandonar sus casas, el tema fue puesto en manos del juzgado.

Al tiempo, fue elaborado un informe por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias cuyas conclusiones previas, dadas a conocer entonces, indicaban que no existía peligro de desprendimiento.

Cabe recordar que la Dirección General de Costas ordenó el derribo del poblado de Bajo la Cuesta en enero de 2008.

El alcalde no ha decretado nada, aún

El alcalde en funciones de Candelaria, José Gumersindo García, no ha decretado aún el desalojo de los vecinos de Bajo la Cuesta. Al respecto, el gobierno municipal en funciones explicó ayer que "hay informe de una empresa externa y de la Oficina Técnica Municipal", documento que ha sido trasladado a los servicios jurídicos, estando a la espera de conocer el resultado de su estudio. La Alcaldía, además, "está pendiente de la supervisión del secretario para ver cómo se procede".

Vecinos por Candelaria y ANC critican al gobierno

José Fernando Gómez, concejal en funciones y electo de Vecinos por Candelaria, critica la inversión de 13.000 euros en un informe externo que solo ratifica "lo que todos los vecinos saben, que ese riesgo existe y existirá toda la vida". Gómez le pide a los vecinos "unidad, trabajo en equipo y que desconfíen de aquellos que han querido, primero, con el deslinde; después, con el decreto municipal de desalojo y, ahora, con este informe, conseguir una orden judicial que los saque de sus hogares". Desde ANC se incidió en la negativa de las autoridades a firmar con los vecinos un compromiso de ayuda y apoyo en el caso de que se produzca el desalojo la solución y coincide con los afectados en que la solución real es reparar el talud.