El Juzgado de Instrucción Número Tres de Arona mantiene abierta la causa en la que un grupo de los 70 afectados por el pago del alquiler de sus viviendas denunció a una promotora dicen sentirse estafados. La situación data de hace dos años, cuando los vecinos acudieron a la vía judicial para reclamar los 300 euros mensuales que pagaron a la entidad mercantil por sus casas por entender que lo que debían abonar era los 50 euros pactados inicialmente.

En el momento de firmar el contrato para acceder a estas viviendas protegidas en régimen especial de arrendamiento a 10 años (condición reconocida por el Instituto Canario de la Vivienda, del Gobierno regional), los beneficiaron firmaron un documento en el que se especifica que pagarían 50 euros al mes porque los 300 restantes (el alquiler total era de 350 euros) los abonaría el Ejecutivo regional directamente al arrendador. O sea, la promotora.

En su denuncia, los vecinos explicaron que la empresa "condicionó la entrada en las viviendas alquiladas a la firma de otros contratos de arrendamiento, en los que no se hacía referencia a la calificación de vivienda protegida de régimen especial en arrendamiento a diez años".

El juez mantiene abierta esta causa en la que, además, se da la circunstancia de que el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, reclamó a la promotora la devolución de las subvenciones cobradas indebidamente, presuntamente. De hecho, la empresa procedió a devolver el dinero reclamado.

Sin embargo, los vecinos afectados siguen esperando a que se resuelva el problema que les afecta. Los querellantes "pagaban rentas superiores a las fijadas en los contratos visados con las subvenciones obtenidas (por la empresa) y, al mismo tiempo, esta entidad recibió todas las subvenciones del Gobierno de Canarias", según consta en la denuncia que da origen al caso.

Es más, los vecinos explican que, "por los documentos contables obtenidos del Instituto Canario de la Vivienda, el montante total de las subvenciones recibidas en relación con esta promoción ascendió a la suma de 90.000 euros".

La puesta en el mercado de estas viviendas se produjo en el año 2011, en un periodo propicio para tener influencia en las elecciones municipales que tuvieron lugar el 11 de mayo de dicho ejercicio.