José Fernando Gómez, concejal de Vecinos por Candelaria (PVxC), asegura que el interventor municipal emitió un informe en el que señala que la contabilización de ingresos de la Empresa de Inserción, Viviendas y Servicios Municipales "no se corresponde con la realidad". Añade que el funcionario también refleja que "tiene una limitada capacidad de pago para hacer frente a las deudas a corto plazo, poniendo de manifiesto la posible existencia de problemas de liquidez". Por tanto, para este edil cabe advertir de una posible suspensión de pagos.

Gómez recuerda que el mismo interventor apunta que se trata de "una empresa que se ha descapitalizado y que genera un desequilibrio financiero y se encuentra en una situación de bajo saneamiento y estabilidad que motivará dificultades para el cumplimiento de las obligaciones contraídas".

José Fernando Gómez se alarma "de la muerte anunciada de uno de los entes locales", porque estas empresas "han servido de tapadera oficial de los socialistas en Candelaria, donde se han cometido todas las ilegalidades habidas y por haber que han generado las correspondientes denuncias interpuestas en Fiscalía Provincial".

El edil apuntó que la última reunión de la junta general ordinaria fue convocada irregularmente al hacerse en el periodo en que el gobierno municipal estaba en funciones. Algo que prohíbe la ley, afirma el concejal.

Desde el exgobierno municipal se aclaró que las cuentas de la entidad fueron ratificadas porque "era necesaria para dar cumplimiento a los plazos establecidos por la Ley de sociedades de capital. Cuestiones que, además, contaron con los informes favorables tanto de la vicesecretaría como del interventor municipal".

"Está muy lejos de la realidad" que la empresa se descapitalice, apuntó el exequipo gobernante, que también especificó que "las empresas públicas municipales de Candelaria tienen en la actualidad un patrimonio neto de 1.152.363 euros y un beneficio acumulado desde su creación de 1.119.835 euros". Además, recibieron subvenciones "por valor de 1.628.135 euros, algo que no hubiese sido posible percibir directamente desde el consistorio".