Los vecinos del casi medio centenar de viviendas que forman Bajo la Cuesta recibieron, durante la tarde de ayer, la notificación municipal ordenando el desalojo del lugar "por la posible caída de bloques rocosos de diferente magnitud". Asimismo, se prohíbe el paso de personas y vehículos al barrio y reducen a la mitad los periodos estipulados para materializar el desalojo, de tal forma que el gobierno local les concede cinco días hábiles (hasta el martes) para que abandonen sus casas voluntariamente.

El procedimiento establecido y comunicado ayer estipula que, en caso contrario, solicitarán autorización a cada vecino para entrar en sus viviendas y proceder al desalojo. Si esta vía también fallara, el Ayuntamiento de Candelaria pedirá permiso al juez para realizar el desalojo forzoso.

Solo tres de los afectados firmaron la recepción del documento de nueve páginas en el que se relata lo sucedido hasta ahora en Bajo la Cuesta, desde el primer desalojo ordenado en 2010, y se justifica la elaboración del estudio geológico por parte de la empresa Icinco, que apunta varias opciones para arreglar el talud, si bien sugiere como preferente la más cara, 1.600.000 euros. En el documento, los técnicos recomiendan mantener la orden de desalojo y prohibir el paso a personas y vehículos.

Finalmente, los agentes optaron por entregar la notificación a todos los vecinos, haciendo constar la negativa de estos a firmar la recepción del mismo.

En Bajo la Cuesta viven en torno a 150 personas. La Dirección General de Costas ordenó el derribo del poblado en enero de 2008 por considerar que está en dominio público marítimo-terrestre, asunto que está en la vía judicial. En febrero de 2010, el alcalde de entonces decretó el desalojo al desprenderse piedras del talud y considerar que la situación era peligrosa. Este decreto lo firmó el exalcalde el último día de su mandato.