Los vecinos de Bajo la Cuesta denuncian ante la Fiscalía varios delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial presuntamente cometidos por autoridades y funcionarios en expedientes referidos a este barrio de Candelaria.
En su denuncia, entienden que la supuesta prevaricación se aplicaría a hechos tales como "la fijación del dominio público natural por la escollera de la central térmica, la estudiada y decidida pasividad de la Dirección General de Costas en relación a las peticiones de replanteo del deslinde antiguo y en la revisión del nuevo, así como la negativa de la Jefatura de Costas Provincial a entregar copia del informe geomorfológico" elaborado antes del conocido actualmente.
Respecto a la falsedad en documento oficial, los denunciantes aluden a "la afirmación relativa a la inclinación del acantilado" para señalar la línea de deslinde marítimo terrestre, aspecto por el que Costas inició el expediente de demolición del barrio. La legislación establece que pertenecen al dominio público las paredes de los acantilados sensiblemente verticales, cuyo grado de inclinación es superior a 60 grados, siendo este el caso. En el estudio geomorfológico se señala que es inferior.
En la denuncia ante la Fiscalía, al abogado de los vecinos, José Ortega, le resulta "extraordinariamente escandaloso y muy revelador" que Costas determine que en Bajo la Cuesta el temporal alcanza, supuestamente, cotas de hasta 30 metros -y esto 20 metros tierra adentro-, mientras que "en la vecina y cercana central térmica el alcance de los temporales queda fijado en cotas de entre cinco y ocho metros justo en la escollera de protección (...) y, por supuesto, el deslinde no penetra al interior ni el menor espacio de las instalaciones fue incluido en el dominio público".
Otro hecho sobre el que llama la atención es que el acantilado lo constituyen dos fincas catastrales inscritas en el Registro de la Propiedad siendo el propietario de una de esas dos parcelas Endesa, que también lo es de la central térmica. Ortega apunta a la Fiscalía que, "por tanto, de los hechos se desprende que la administración dictó una resolución injusta a sabiendas".
Y sí, existe un estudio geomorfológico. Al menos es lo que trasladan a la Fiscalía los afectados, que no han podido acceder al mismo. Costas les hizo saber que se encontraba en la Jefatura Provincial, donde no les ha sido dado a conocer. Este estudio es definido como "documento interno" por la Subdelegación de Gobierno, según aparece en la denuncia.
En la narración de la historia de Bajo la Cuesta que trasladan a la Fiscalía, los afectados llaman la atención sobre el hecho de que el secretario del Ayuntamiento de Candelaria conoció la existencia del último decreto de desalojo "cuando se iba a firmar", mientras que todo el procedimiento previo fue realizado por personal laboral y empresas externas. Eso, según el abogado, "denota una actividad puramente clandestina del entonces alcalde, José Gumersindo García Trujillo".
El gobierno municipal anunció ayer que esta semana se hará la verificación, por parte de la Policía Local, de si se ha producido el desalojo. Cuando se constate que los vecinos se mantienen en sus casas, "habrá que elaborar un nuevo decreto solicitando el consentimiento de desalojo". Asimismo, esta semana enviarán los escritos correspondientes al Cabildo y al Gobierno de Canarias y se solicitarán reuniones "en cuanto se conozca quiénes son los responsables en cada administración".