Casi 10 años después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara la denuncia, tras la investigación realizada a raíz de la documentación que recibió del entonces (2006) concejal del PSOE Francisco García Santamaría, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial señala el 12 de enero de 2016 como la fecha de inicio del juicio oral del caso Edén o caso Arona, en el que se juzgará a políticos, funcionarios y empresarios por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho.

Entre los acusados está el exalcalde aronero José Alberto González Reverón (CC), para el que pide tres años de cárcel, 35 de inhabilitación para desempeñar cargo y empleo público y una multa de 20.000 euros. El mismo cumple actualmente una pena (sentencia del 28 de junio de 2012) de cuatro años y seis meses de inhabilitación para cargo público en la administración local por un delito continuado de prevaricación.

A partir del 12 de enero se juzgará a la Junta de Gobierno Local del mandato 2003-2007 por los presuntos delitos de prevaricación y prevaricación continuada contra la ordenación del territorio por adoptar 300 acuerdos (entre enero de 2004 y noviembre de 2006) de concesión de 205 licencias urbanísticas que, supuestamente, contaban con advertencia de ilegalidad y 75 expedientes de contratación con informes en contra.

En los 63 tomos de la instrucción realizada por el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Arona, Nelson Díaz Frías (dio por terminadas las diligencias previas el 15 de julio de 2011), aparecían 30 imputados, finalmente reducidos a 17 acusados.

José Alberto González Reverón está acusado de presuntos delitos continuados de prevaricación urbanística, prevaricación y tráfico de influencias. Es decir, por conceder licencias contraviniendo la legislación vigente en urbanismo, por dictar resoluciones siendo consciente de que eran injustas y por emplear su cargo para obtener o conceder favores.

Esto se traduce, según aparece en el sumario judicial, en que autorizó construcciones ilegales, favoreció a empresas no convocando concursos públicos, consiguió empleos a familiares, amigos y conocidos en las concesionarias de los servicios municipales o en la Administración municipal y medió para, entre otras cosas, evitar sanciones a personas allegadas.

Además del exalcalde, se encuentran los entonces miembros del gobierno municipal Antonio Luis Sosa Carballo (CC, hoy en Unidos por Arona y único de los acusados con acta de concejal), Félix Sierra Melo (PP), Manuel Barrios Rodríguez (CAN), Daniel Martín Navarro (CAN), Juan José Alayón Beltrán (CC, aunque después estuvo en Los Verdes), José Luis González Rodríguez (CAN), Sebastián Martín Martín (CC, ya fallecido) y Alfonso Barroso Armas (CC). Para ellos piden dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años por un presunto delito continuado de prevaricación y un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística. De este está excluido Antonio Sosa, a quien suman un año de cárcel y cuatro meses de multa (6.000 euros a razón de 50 euros diarios) por supuesta malversación de caudales públicos.

Jorge Méndez aparece en las diligencias como el primero que pagó a los funcionarios municipales acusados, reportando esta actividad 1.249.463 euros al aparejador del Ayuntamiento de Arona. Roberto de Luis también habría recibido de Zenón Rodríguez 696.252 euros, correspondientes a entre el 15% y el 20% de cada uno de la docena de proyectos que le desbloqueó. En la relación prolija que la Fiscalía hace en su escrito de acusación también apunta que el arquitecto Antonio Luis González abonó otros 915.451 euros por obtener las licencias para sus proyectos, al parecer.

El juicio oral que comenzará el 12 de enero se prolongará durante varios meses (las fuentes consultadas señalan que entre tres y cinco) y las sesiones tendrán lugar (durante los dos primeros meses) cada lunes, martes y miércoles, descansando la cuarta semana. La Audiencia evalúa crear dos piezas separadas de este macrojuicio que afectarían al entonces cabo del Grupo de Información de Playa de las Américas, José Manuel Rodríguez, y al propio exalcalde por dos presuntos actos de tráfico de influencia. De materializarse, estos asuntos serían juzgados en noviembre.

Además de este caso, en los juzgados de Arona se instruyen otros sobre la gestión municipal realizada con posterioridad a la época que abarca este: los casos Arona 2, Arona 3 y Arona 4.

Félix Sierra Melo

Entre los acusados está Félix Sierra Melo. Sobre el que fuera dirigente destacado del Partido Popular pesa una petición de cuatro años de prisión y 500.000 euros de multa por presunto cohecho, además de un total de 21 años de inhabilitación: diez por posible prevaricación urbanística continuada, ocho por cohecho y tres por negociaciones prohibidas con funcionario público. Todo pendiente de demostrarse ante la justicia en el esperado juicio que arrancará en enero de 2016.

Aparejadores, arquitectos, concejales, policías, empresarios...

La Fiscalía pide ocho años de prisión para Roberto de Luis, aparejador municipal, acusado de cohecho, condena que rebaja a seis años de prisión para Eliseo de la Rosa (arquitecto municipal) y Félix Sierra (exedil de Urbanismo), si bien a los tres los señala por, al parecer, cobrar comisiones ilegales para desbloquear y agilizar licencias urbanísticas. El entonces cabo del Grupo de Información de Playa de las Américas, José Manuel Rodríguez, se enfrenta a un presunto delito de prevaricación (seis meses de prisión y 30.000 euros de multa) porque, supuestamente, ejercía como intermediario entre promotores y políticos para desbloquear la concesión de licencias con reparos de legalidad y porque las escuchas telefónicas realizadas revelan que informó a algunos de los implicados del seguimiento de la investigación.

La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para cargo público para la entonces subinspectora de la Policía Local de Arona, Hortensia García (cesada hace pocos días como jefa del cuerpo homónimo de Santiago de Teide). Está acusada de un presunto delito de prevaricación por mediar ante el exalcalde para favorecer a una persona en una oposición (consiguió la décima y última plaza para ser agente) siendo, además, presidenta del tribunal.

Los arquitectos Zenón Rodríguez, Antonio Luis González y Jorge Menéndez responderán por el presunto delito de cohecho al haber sido quienes pagaron por obtener licencias urbanísticas, al parecer. La Fiscalía reclama penas de entre tres y cuatro años de prisión e inhabilitación especial por 10 años.