El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Arona, Nelson Díaz, investiga la Comisaría de la Policía Nacional de Playa de Las Américas por un presunto delito de apropiación indebida durante un registro realizado por efectivos entonces adscritos a la misma. La Fiscalía General del Estado interviene en este caso, a raíz de una petición de la institución del Defensor del Pueblo.
Nelson Díaz trata de localizar los cinco millones de euros que, según denunció el afectado, le fueron incautados al empresario R.G.E.M. por, supuestamente, el Grupo de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Playa de las Américas el 8 de agosto de 2011, durante el registro de tres de sus locales.
En ese mismo acto, y según el contenido de la querella criminal que interpuso en su momento, le fueron retirados "documentación, material informático y efectos" que tampoco ha recibido aún.
La juez de Instrucción del Juzgado número 1 de Arona dictó un auto ordenando la entrega al empresario R.G.E.M. de las propiedades y el dinero. Cuando el empresario se personó en el Palacio de Justicia ubicado en Los Cristianos para recoger sus pertenencias, la secretaria judicial certificó que no se correspondían con las propiedades del afectado, de lo que tiene conocimiento la Fiscalía General y Provincial.
De hecho, estando el caso sobreseído, R.G.E.M. ha seguido reclamando lo que le fue retirado de los locales que registraron mientras el empresario estaba siendo interrogado.
La génesis del caso está en los casos Rayo (2011) y Mangosta (2012). El segundo culminó con la detención de R.G.E.M., acusado de diseñar un cártel de sociedades para practicar el intrusismo en seguridad privada. El caso fue sobreseído.