Antonio Oliva, presidente de la Asociación de Vecinos Bajo la Cuesta Risco las Tablas, recogió ayer la documentación correspondiente al expediente de desalojo urgente y provisional de las viviendas del barrio por riesgo de desprendimiento en el talud. El secretario del Ayuntamiento de Candelaria, Octavio Fernández, fue quien entregó el expediente que se tramitó desde el año 2010.
El abogado de los afectados, José Ortega, advirtió días atrás de la necesidad de incorporar al expediente el referido al Plan de Emergencias Municipal (PEMU), así como las reiteraciones del consistorio de la solicitud del informe técnico al Gobierno de Canarias además del expediente completo de contratación de la empresa Icinco para la elaboración del informe que dio lugar al penúltimo decreto de desalojo de Bajo la Cuesta.
Hace menos de una semana que los vecinos hicieron público, a través de su representante, el malestar reinante entre la población afectada porque "pretendían que los interesados acudieran a la Secretaría a consultar la documentación en horas de oficina".
En esa misma línea, Ortega también comunicó al gobierno municipal que "al primer síntoma de dilación, mareo, retraso o cualquier otro tipo de distorsión con motivo de la consulta de los documentos en la Secretaría, y como quiera que esto será la confirmación del obstruccionismo ilegítimo, se formulará nueva denuncia por prevaricación".
El pasado día 3 visitaron Bajo la Cuesta la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, así como el primer teniente de alcalde, Juan Carlos Armas, y los concejales Fernando Alduán (Urbanismo) y Carlos Sabina (Seguridad), acompañando a la consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Ornella Chacón. Se trató de una inspección ocular del estado del talud y del barrio. Anteayer, esa visita la realizaron técnicos municipales y de los propios vecinos para hacer lo propio.
La visita política forma parte de una ampliación de la denuncia presentada por los vecinos ante la Fiscalía por posibles delitos de prevaricación. "Ninguno de los paseantes llevaba ni tan siquiera un casco protector para prevenir el impacto de alguna piedra que se desprendiera del acantilado, lo que sugiere que la existencia de un peligro para las personas tan grave como para desalojar a los vecinos y comprender dramáticamente el derecho constitucional a la inviolabilidad de domicilio no existe", señala el documento.
Desde el año 2010
Bajo la Cuesta está formada por 53 viviendas, incluidas las siete que integran Paso la Soga. El 26 de febrero de 2010, por una previsión meteorológica y el riesgo de desprendimientos, se produjo un primer decreto de desalojo. En aquel momento, el Gobierno de Canarias se comprometió a emitir un informe técnico sobre la seguridad de la pared y, en junio de 2015, cuando se dictó el segundo decreto de desalojo, no había sido emitido.
Endesa y un particular
La compañía eléctrica y herederos de Juan Galán son los dueños del talud que pone en riesgo, al parecer, las viviendas de Bajo la Cuesta. La alcaldesa ha defendido que a los mismos se les han hecho requerimientos para que procedan a realizar los trabajos necesarios en el lugar.