El 8 de febrero de 2010, el exalcalde de Candelaria, José Gumersindo García Trujillo, solicitó al consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias asesoramiento sobre el órgano competente para adoptar medidas de protección del talud de Bajo la Cuesta, mientras que el 22 del mismo mes y año le recordó al mismo consejero regional "que en 2003 se le había solicitado el aseguramiento del talud y reclamando la revisión del mismo". La siguiente comunicación al Ejecutivo autonómico sobre este asunto se produjo cinco años después.

El 2 de marzo de este 2015, el exalcalde señaló al citado cargo regional que el director general de Infraestructura Viaria anunció, en el 6 de septiembre de 2010, que en el plazo de dos meses se iniciarían las obras para el tratamiento del talud de Bajo la Cuesta. Como la situación sigue igual, García Trujillo reclamó "sin mayor dilación" las medidas oportunas de protección, ya que había caído una piedra. Además, solicitó copia del informe técnico elaborado por Hoyos-Limón sobre el talud.

José Ortega, abogado de los vecinos de Bajo la Cuesta, señala que "al pedir que esto, siendo teóricamente urgente, se haga sin mayor dilación", José Gumersindo García Trujillo "olvida que en más de cinco años no había recordado al Gobierno de Canarias la gestión pendiente y, de pronto, le entró una prisa difícil de entender".

Consecuentemente, para el representante legal de los afectados "los datos anteriores desmienten que exista peligro ni emergencia y, por tanto, razones para desalojar a los vecinos". Es más, para Ortega esos argumentos "profundizan el convencimiento de esta parte de que el Decreto de desalojo dictado por José Gumersindo García es una resolución administrativa injusta a sabiendas y, por tanto constituye prevaricación".

En tales términos, el abogado amplió, por segunda vez, la denuncia presentada ante la Fiscalía en la que señalan como responsables al exalcalde y a la regidora actual.

Bajo la Cuesta es un barrio formado por 46 viviendas, que alcanzan las 53 al sumar las siete que integran la zona anexa de Risco las Tablas. Ubicado en las inmediaciones de la central eléctrica, junto al talud de la autopista del Sur, desde agosto está afectado por un tercer decreto de la Alcaldía de Candelaria de desalojo urgente por el peligro de desprendimiento existente, según el contenido de informes técnicos encargados por la Corporación municipal. Transcurridos cinco años desde el primero de ellos, solo cayó una piedra en una zona no protegida.