La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona cita al exalcalde de Santiago del Teide, Juan Damián Gorrín Ramos, a declarar en calidad de imputado sobre un presunto delito de prevaricación en el marco del procedimiento abreviado abierto por el fallecimiento de dos mujeres en la playa de Los Guíos, como consecuencia del desplome parcial del talud ocurrido el 1 de noviembre de 2009 en esta playa santiaguesa de Los Gigantes.

Esta medida la adoptó la jueza, Carmen Rosa del Pino, teniendo en cuenta la aportación de nueva documentación por parte de la Fiscalía, consistente en el parte de servicio prestado el domingo en que se produjo el suceso por los efectivos del Parque de Bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife en San Miguel de Abona.

Hasta el momento, y desde que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona cerró la fase de instrucción, Juan Gorrín, dos arquitectos técnicos del ayuntamiento y el entonces jefe provincial de la Demarcación de Costas, Carlos González Pérez, están imputados por un supuesto delito de homicidio imprudente. De prosperar la iniciativa de la Fiscalía, añadiría el de supuesta prevaricación en el caso únicamente del exalcalde.

El 1 de noviembre de 2009 fue cuando se produjo el derrumbe de parte del talud de la playa de Los Guíos causando la muerte de dos mujeres, la ciudadana británica M.O., de 55 años, y la española Vanesa A.R., de 34. El 2 de octubre de ese mismo año (un mes antes del derrumbe), tuvo lugar otro de dimensiones más reducidas que no causó daños personales.

Para la Fiscalía, "el primer desprendimiento dejó pistas visibles que, por sus propias características y naturaleza, avisaban de que podía volverse a repetir". A su juicio, "los acusados, por lo tanto, eran perfectos sabedores por partida doble o, incluso, triple alguno de ellos, del peligro que representaba dejar abierta la playa a bañistas y turistas".

Los imputados en el caso Los Guíos han afirmado en este procedimiento que "las medidas estaban tomadas", aludiendo a las que se aconsejaron tras el desprendimiento del talud ocurrido el 5 de octubre de 2009. "Son muchos los testigos presenciales que afirman que el día en que se produjo el fatal acontecimiento no se encontraba el balizamiento correctamente colocado, como tampoco se advertía de la existencia de cartel que avisara del peligro de la zona".

El parte de los bomberos señala que "se procede a balizar la zona" por la persistencia de riesgo.