La Sección Sexta de la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto por los empresarios dedicados a la extracción de áridos en los barrancos de Güímar y mantiene, por tanto, las fianzas impuestas a los mismos, cuyo importe global supera los 279 millones de euros.

Los autos, algunos de los cuales datan del 28 de octubre, determinan diferentes motivos, entre ellos que "la decisión ha sido adoptada después de una larga investigación en la que el instructor ha obtenido cabal conocimiento, siempre desde la perspectiva indiciaria, acerca del importe necesario para restaurar el equilibrio ecológico perturbado por los acusados".

El 11 de diciembre de 2014 fue cuando la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Güímar, Sonia Martínez, emitió un auto por el que abría juicio oral contra los cinco empresarios que desarrollaron la industria arenera en los barrancos del municipio güimarero.

En el mismo, determinó imponer fianzas por un importe superior a los 279 millones de euros, distribuidos entre Áridos del Atlántico (69,5 millones), Áridos del Sur (66,4 millones), Hermanos Morales Martín (62,9 millones), Áridos Puertito de Güímar (41,3 millones) y Áridos Canarios (39 millones).

Recientemente, el mismo juzgado decretó el embargo de bienes a cuatro de los cinco propietarios de las extracciones de áridos clausuradas en Güímar al no haber depositado estos las fianzas impuestas ante el inicio, el próximo 15 de enero, del juicio oral. Será en la sala 12 del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, desde las 9:45 horas del 15 de enero hasta el 29 de febrero (fecha señalada para pronunciar las conclusiones).

La jueza adoptó esta medida con la finalidad de garantizar las posibles indemnizaciones a que hubiere lugar en el caso de que los empresarios fueran condenados en el proceso judicial abierto a raíz de la denuncia contra un presunto delito medioambiental presentada por Francisco Hernández Armas, que en ese momento (en el mandato 1999-2003) era el único concejal del PNC.

La Fiscalía plantea cinco años de cárcel para los empresarios titulares de las empresas citadas: Antonio Plasencia (empresa, Áridos del Sur; cantera Badajoz), José Enrique Morales (Hermanos Morales Martín, de la cantera Badén II), Francisco Javier del Rosario (Áridos Atlántico, de la cantera Llanos II), Fulgencio Díaz (ya fallecido, de la empresa Áridos Puertito de Güímar y la cantera Agache) y Pedro Sicilia (Extracsa). En su escrito de acusación, también pide que los empresarios asuman la realización y el coste de la recuperación de los barrancos, así como indemnizar al Consejo Insular de Aguas (Ciatf).