Evaristo González, juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, acordó la medida cautelar de suspender la licencia urbanística que concedió el Ayuntamiento de Adeje a Tropicana Atlántico, S.L. para la construcción de un parque comercial en el plan parcial Barranco de las Torres. Asimismo, condena a la Corporación adejera a pagar las costas del juicio, según el auto emitido el pasado día 11.
Esta decisión judicial se produce en el marco de la demanda presentada por el abogado Felipe Campos contra el Ayuntamiento de Adeje y la empresa promotora, que aparece como codemandada.
El juez fundamenta su decisión en el hecho de que el Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Económico y Comercio informó desfavorablemente el "Proyecto básico y de actividad de edificio Leroy Merlin y parque Barranco de Las Torres". Su señoría admite que no se trata del mismo proyecto, pero enfatiza que sí de la misma zona y de la misma parcela, por lo que "la normativa aplicable deberá ser la misma". Además, señala que la actividad a desplegar "es también similar, si no idéntica", ya que "en ambos casos se habla de los denominados parques comerciales".
El juez también señala en el auto, correspondiente a una pieza separada del caso en cuestión, que en el mismo "prevalece el interés general en la tutela de la ordenación del territorio y de los recursos naturales frente al interés en que se lleve a cabo la construcción del parque comercial, que, si finalmente se desestimare el recurso, es susceptible de reparación económica".
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Adeje correspondiente al mandato pasado concedió, en su sesión del 6 de abril de este año, la licencia urbanística ahora suspendida cautelarmente.
Mientras la empresa promotora declinó hacer pronunciamiento alguno (cabe recurso de apelación), desde la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Adeje (Aecpa) mostraron su satisfacción ya que siempre se opusieron al desarrollo de dicho proyecto, "por considerar que la calificación urbana de la parcela donde se pretendía construir no lo permitía y por lo perjudicial que este macroparque comercial podría haber sido para la economía de la comarca en un momento de profunda crisis como la actual, donde la destrucción neta de empleo que esta actuación hubiera causado habría sido muy negativa para muchas empresas y familias".
El colectivo espera ahora que se tome en consideración el escrito que remitieron a la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias solicitando la denegación de la licencia comercial específica y se proceda al cierre definitivo del expediente.
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