José Alberto González Reverón fue señalado ayer por Rafael Estartús, delegado del grupo empresarial Expohoteles and Resorts hasta finales de julio de 2008, como conocedor de las obras de reforma de todo el hotel Sir Anthony (iniciadas ese mismo año) careciendo de la licencia de obra mayor. Esto contradijo al propio exalcalde de Arona, quien previamente alegó en que la licencia de obra menor de la que sí disponía la empresa amparaba los trabajos que se realizaban.
En su declaración de ayer ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial defendió que el expediente municipal correspondiente "se llevó impecablemente y acabó con la mayor sanción de la historia del Ayuntamiento de Arona".
El interrogatorio del fiscal Jaime Serrano-Jóver incidió en las contradicciones que suponían las manifestaciones en sala del exalcalde y el contenido de las conversaciones que mantuvo con el ayer testigo del caso, Rafael Estartús, en las que el exregidor le reclamaba la presentación de la documentación necesaria para legalizar la situación de la obra. "El alcalde siempre insistió para que presentara los papeles", dijo. Además, el Ministerio Fiscal llamó la atención sobre el hecho de que Startús gestionara estas licencias directamente con González Reverón y no con el concejal de Urbanismo, Antonio Sosa, llegando a admitir que las obras no tenían amparo legal.
La de ayer fue la primera sesión del juicio oral de una pieza separada del caso Edén o caso Arona, en la que la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para José Alberto González Reverón, por presunta prevaricación, y un año de prisión y nueve de inhabilitación para Antonio Sosa, el exconcejal de Urbanismo, por el mismo delito además de otro por malversación de caudales públicos.
La reforma del Sir Anthony comenzó a finales de abril de 2008 y fue paralizada a finales de enero de 2009, cuando estaba completada la obra exterior, se trabajaba en el interior y el Juzgado reclamó el expediente. Una inspectora urbanística municipal declaró ayer que los trabajos se realizaron sin haber solicitado la licencia de obra mayor, concedida finalmente en 2011.
Si bien los dos acusados aseguraron desconocer la realización de estos trabajos, Estartús fue elocuente al explicar a la sala que las obras se veían desde la playa y que "eran difíciles de esconder".
Antonio Sosa, entonces edil de Urbanismo, dijo haberse enterado en enero de 2009, cuando recibe un expediente de Disciplina Urbanística tramitado el 28 de noviembre de 2008 por carecer la obra de licencia. Lo mismo fue planteado por los técnicos en mayo y septiembre de tal ejercicio y en enero de 2009.
Mientras José Alberto González Reverón trató de escudarse en señalar a la dinámica de la administración y de los técnicos municipales, el fiscal fue tajante al decirle que los técnicos "hicieron su trabajo: denunciaron".
A preguntas de su abogada, Olga López, González Reverón explicó que las resoluciones (paralización y sanción) sobre el Sir Anthony se hicieron "siguiendo la propuesta de los técnicos", mientras que Sosa respondió a su abogado, Manuel Fredy Santos, que hasta enero de 2009 "no sabía ni dónde está el Sir Anthony".
Un viaje a Múnich
Antonio Sosa era concejal de Urbanismo y de Medio Ambiente cuando viajó a una de las ferias del sector más importantes del mundo, celebrada en Múnich (Alemania). Por la urgencia del viaje, dijo, la organización y los gastos los asumió la empresa concesionaria del servicio de basura en Arona, Camilo Álvarez, si bien el concejal dijo en sala que el compromiso era que la agencia pasara al cobro, al ayuntamiento, su desplazamiento y el de los dos técnicos que lo acompañaron. Los tres cobraron dietas del consistorio. Los tres las devolvieron por no poder justificarlas.
Las contrataciones
Sosa también respondió de la contratación supuestamente irregular de cuatro personas en una concejalía que él creó, Medio Ambiente. Aunque defendió que eran personas cualificadas para las tareas encomendadas, dos de las plazas salieron a concurso al año siguiente requiriéndose licenciatura de Derecho o Farmacia, algo que incumplía los contratados. El fiscal dejó claro que trabajaron más de un año para la administración, mientras que el abogado defensor restó importancia al asunto.
Un primo lejano
La construcción de una segunda planta de una vivienda en Buzanada por parte de un primo segundo de José Alberto González, José Antonio González Costas, es otra de las materias que se juzgan. El exalcalde aseguró haber conocido el parentesco por el propio auto.
Nelson, imparcial
La abogada de José Alberto González, Olga López, pidió la suspensión del juicio por entender que su sentencia podría vaciar de contenido la vista oral del caso Arona, que comenzará el 2 de enero. También argumentó contra el juez instructor, Nelson Díaz Frías, argumentando la "nulidad de sus actuaciones por falta de imparcialidad" y porque se autorrepartió" la instrucción, así como por "falta de objetividad".