La Asociación de Vecinos Bajo la Cuesta-Risco las Tablas volvió a quejarse ante el Ayuntamiento de Candelaria por no permitirles el acceso a los expedientes íntegros de requerimiento a los propietarios del acantilado existente en la zona para su aseguramiento y reparación. El colectivo solicitó la entrega de una copia íntegra de ambos expedientes "y, aunque en apariencia se nos reconoció ese derecho, cada vez que nos hemos personado en las dependencias municipales a ese fin, únicamente nos han entregado una mínima parte de la documentación".

Así lo refleja el presidente del grupo vecinal, Antonio Oliva, en el escrito presentado ante el Consistorio en el que, además, se deja constancia de que "de no obtenerse respuesta pronta y satisfactoria", volverán a presentar una denuncia por prevaricación.

Este documento, asimismo, fue trasladado por la Asociación de Vecinos Bajo la Cuesta-Risco las Tablas a la Defensora del Ciudadano, órgano de la propia Corporación municipal de Candelaria, y al Diputado del Común.

"Esta guerra de desgaste que nos está haciendo el ayuntamiento es abrumadora, vulnera los principios de buena fe y confianza legítima del artículo 3 de la LPAC y el principio de objetividad de la Administración de dicho artículo 3 y del 103 de la Constitución, e incurre en arbitrariedad prohibida por el artículo 9.3 de la Carta Magna", expone el presidente de la asociación.

A juicio de los vecinos, esta conducta "no se diferencia mucho de la que exhibe la propia Jefatura de Costas cuando recurre a diversos subterfugios para no entregarnos una copia del estudio geomorfológico encargado por el director general Pedro Antonio Ríos". Un documento esencial para definir la ubicación del deslinde marítimo-terrestre.

Para la población de Bajo la Cuesta, "resulta paradójico que el Ayuntamiento de Candelaria haya ayudado a los vecinos mediante la redacción, por el Defensor del Ciudadano, de una queja dirigida al Diputado del Común y que ahora incurra en una actitud parecida" a la que mantiene la delegación provincial de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

El arreglo del talud es la actuación necesaria para garantizar la seguridad a la población de Bajo la Cuesta, según ha señalado reiteradamente la Alcaldía desde hace cinco años.

Fue en febrero de 2010 cuando se decretó el primer desalojo del barrio amparándose en la peligrosidad que supone, para la integridad de las viviendas y de sus habitantes, el estado del talud. Los vecinos quieren garantías de retorno y el plazo en que lo harán para proceder a desalojar sus casas. Esa condición no se ha cumplido aún.