La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que cerca de un centenar de personas sean llamadas a declarar en el conocido como caso Arona I, cuya vista oral se desarrollará desde el 12 de enero hasta mayo. Entre los citados se encuentran políticos en activo y otros que han dejado ya esta actividad, técnicos municipales, empresarios, denunciantes, trabajadores o propietarios de empresas concesionarias y supuestamente beneficiadas con adjudicaciones irregulares, así como particulares y entidades que habrían recibido licencias urbanísticas irregulares.

Desde principios de año la Audiencia Provincial juzgará a la Junta de Gobierno Local del mandato 2003-2007 por presuntamente adoptar desde principios de 2004 a finales de 2006 alrededor de 300 acuerdos de concesión de algo más de doscientas licencias urbanísticas que, supuestamente, contaban con advertencia de ilegalidad y 75 expedientes de contratación con informes en contra.

El sumario recoge acusaciones como autorizar construcciones ilegales, favorecer a empresas al otorgarle concesiones de forma directa, dar empleos públicos a familiares, amigos y conocidos, tanto en concesionarias como en el ayuntamiento, o mediar para retirar sanciones a allegados.

Para demostrar estas sospechas, la Fiscalía ha citado a los denunciantes, José Ramón Ansorena o Roberto Kragl, quien no comparecerá ya que actualmente reside en Portugal. Igualmente han sido llamados a comparecer como testigos una amplia serie de personal de Disciplina Urbanística, Servicios Públicos, Patrimonio y Recursos Humanos, trabajadores municipales y el entonces interventor, Miguel Ángel Rojo Garnica.

En el listado aparecen policías locales y el exconcejal del PSOE, José Antonio Reverón, uno de los principales denunciantes de esta trama a lo largo de los años y quien aún forma parte de la Corporación local con Ciudadanos Por Arona. También han sido llamados inspectores urbanísticos, la exconsejera de CC en el Cabildo María del Pino de León o la exconcejal de Economía y Hacienda y teniente de alcalde hasta el mandato pasado Candelaria Padrón (CC).

A lo largo de los tres meses que como mínimo durará el juicio se sentarán en el banquillo quince políticos, ninguno de ellos en activo, funcionarios y empresarios. Las acusaciones apuntan a la comisión de los presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho. A la cabeza de los acusados está el exalcalde, José Alberto González Reverón (CC), para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel, 35 de inhabilitación para cargo y empleo público, y una multa de 20.000 euros. Reverón cumple desde 2012 una pena de cuatro años y seis meses de inhabilitación para cargo público en la administración local por un delito continuado de prevaricación.

Además del exalcalde, se sentarán en el banquillo los entonces miembros del gobierno municipal, Félix Sierra Melo, del PP; Manuel Barrios Rodríguez, de Centro de Arona (CAN); Daniel Martín Navarro (CAN), Juan José Alayón Beltrán, de CC y posteriormente de Los Verdes; José Luis González Rodríguez (CAN), y Alfonso Barroso Armas (CC). En el caso de Antonio Luis Sosa, está pendiente de la sentencia de una pieza separada.

Para ellos se piden dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años por un presunto delito continuado de prevaricación y un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística. Las sesiones del juicio oral se llevarán a cabo cada lunes, martes, y miércoles, con un descanso fijado para cada cuarta semana.