El exalcalde de Arona (Tenerife), José Alberto González Reverón, ha admitido este miércoles en la segunda sesión del juicio oral que entre 2003 y 2007 se concedieron licencias de obras con informes en contra de los servicios jurídicos que, posteriormente se subsanaban en futuros planeamientos, y ha insistido en que "jamás" se aprobaron para beneficio personal o de terceros.

En un largo interrogatorio que se prolongó durante más de tres horas una vez la Sala de la sección sexta de la Audiencia Provincial rechazó la petición de las defensas de nulidad de las actuaciones, ha reconocido que no se "leía" las actas de la Junta de Gobierno donde se incluyeron los informes contrarios, y en todo caso, ha dicho que eran preceptivos y no vinculantes y que se toma una decisión "en base al interés general" con el aval favorable del secretario de la corporación y los servicios técnicos de Urbanismo.

A preguntas de la fiscal Francisca Sánchez --que ha terminado su interrogatorio bastante confundida-- ha criticado la "maraña de leyes" que afectan al urbanismo en Canarias, con una "complejidad tremenda", hasta el punto de que, en su opinión, "técnicos y juristas no se ponen de acuerdo".

El exalcalde ha comentado que no se motivaron las licencias --hay más de 200 en el juicio-- "por desconocimiento" y visto con perspectiva, cree que de haberlo hecho en 2003, esta causa "estaría archivada", aparte de que remarcado que la Comunidad Autónoma tampoco las recurrió cuando se le enviaban las actas de la Junta "todas las semanas".

Durante su exposición, ha comentado varias veces que no sabe "de derecho" y por ello, se encargó algún informe externo cuando se vio imputado --"me preocupé", ha reconocido--.

En cuanto a los contratos irregulares, ha negado que se ''trocearan'' para evitar los concursos públicos y se utiliza la figura de los contratos menores porque era un procedimiento "ágil" para responder antes cuestiones "temporales y urgentes".

La fiscal ha aterrizado en casos concretos como el asfaltado de calles en Cabo Blanco y Buzanada o la construcción de nichos en el cementerio, obras acometidas siempre de forma fraccionada. González Reverón ha asumido que había reparos de Intervención, pero ha señalado que no se puede planificar un plan de asfaltado y que se atendía a las "demandas" de los vecinos.

Además, ha comentado que en los ayuntamientos hay "mucha complejidad" con los reparos de Intervención y se deben analizar "caso a caso". Incluso hubo muchas "discusiones" en su momento en foros de alcaldes, y ayuntamientos como San Miguel o La Matanza llegaron a encargar informes.

En cuanto a las obras en los colegios, ha comentado que se realizaban en verano y eran "imprevisibles", por lo que no se podían sacar a concurso. "Se dejaban partidas abiertas en los presupuestos porque nadie sabía lo que se iba a hacer", ha indicado.

Además, ha defendido las modificaciones de crédito cuando la fiscal le ha recordado el proyecto del centro cívico del barrio de Cabo Blanco, cuyo coste final superó por cinco el presupuesto inicial.

NO HA RESPONDIDO A LA ACUSACIÓN PARTICULAR

González Reverón ha optado por no responder a la acusación particular --del empresario José Ramón Ansorena--, y en el turno de las defensas, ha dicho que el Cabildo de Tenerife nunca impugnó las licencias y que ni ha visto ni ha escuchado la grabación donde supuestamente se pide dinero al empresario a cambio de conceder licencias.

Ha dicho también que no había empresas interesadas en realizar obras RAM en un momento de "expansión" de la construcción en la isla, y no ha ocultado que la recaudación por IBI es el "pulmón económico" de un Ayuntamiento.

Asimismo, ha comentado que nunca hubo quejas sobre el trabajo del aparejador municipal Roberto de Luis --acusado--, de quien dijo que es era un "buen profesional" y con el que no tenía relación más allá del propio Ayuntamiento.

En esa línea, Reverón ha destacado que nunca hubo quejas de promotores sobre la labor de De Luis y tampoco sobre la petición de dinero a cambio de licencias, remarcando que "jamás" se ha reunido con Arsenio Zamora, acusado y supuesto intermediario para solicitar fondos. "ESTABA SEGURO DE QUE NO ESTABA PREVARICANDO", SEÑALA

En el interrogatorio de su propia abogada, Olga López, ha subrayado que el Camping Nauta, propiedad del denunciante del caso, el exconcejal del PSOE Francisco García Santamaría, fue multado por el Ayuntamiento por ocupar suelo rústico a raíz de un informe elaborado por la Guardia Civil tras un incendio en sus instalaciones, aparte de que había solicitado una licencia de construcción en Los Cristianos.

Sobre el juez instructor del caso, Nelson Díaz, ha dicho que "tuvo problemas" con el Ayuntamiento por la publicación de un libro antes de que llegara a la Alcaldía, y ha recordado su carácter "intimidatorio" cuando fue interrogado en los juzgados con cuestiones de carácter personal. Sobre los hechos investigados, ha sido concluyente: "Estaba seguro de que no estaba prevaricando".

El juicio oral del ''caso Arona'', en el que se dilucidan los presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y urbanística, negociaciones prohibidas a funcionarios y abuso en el ejercicio de su función a un total de 13 acusados, continúa este miércoles, a partir de las 09.30 horas, con la segunda parte del interrogatorio del exconcejal de Urbanismo, Félix Sierra.