El presidente del grupo Popular en el Cabildo de Tenerife, Manuel Domínguez, ha insistido hoy en que hay inversores pendientes de instalarse en los barrancos de Güímar afectados por las antiguas canteras de áridos y a la espera de una nueva ordenación por parte del municipio para que se puedan implantar en esta zona actividades turísticas, alojativas, industriales y otras de carácter económico.
Entre las actividades económicas que se pretenden implantar en Güímar se encuentran, como ya anunció en su día la alcaldesa, una depuradora, una empresa de neumáticos, un parque de atracciones, así como otras empresas agrícolas y enfocadas al medio ambiente.
Manuel Domínguez ha informado hoy en rueda de prensa de la moción que presentará en el pleno del Cabildo de Tenerife del próximo viernes al objeto de promover acciones que viabilicen el cese de la actividad minera en este municipio tinerfeño.
Para ello, solicitará la retirada del Parlamento de Canarias de la Proposición de Ley de ordenación de los barrancos de Güímar y la restauración de este espacio porque, según el PP, imposibilitaría la implantación de cualquier uso al aplicarle a la totalidad del territorio una categoría de protección ambiental.
Esta petición se produce después de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenara a tres areneros por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de este municipio, donde el resultado ha sido un territorio degradado con agujeros de más de 60 metros de profundidad.
La sentencia firme especifica que para restaurar la zona, cuyo coste asciende a 279 millones de euros, deberá realizarse el oportuno plan de restauración por parte de las administraciones competentes, que son Gobierno canario, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Güímar.
El llamado ámbito extractivo de Güímar lo constituyen aproximadamente cuatro millones de metros cuadrados donde confluyen actualmente usos mineros agrícola y ganaderos.
La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, ha indicado que el Ayuntamiento tiene un proyecto de futuro para esta área basada en iniciativas privadas que se quieren implantar en la zona para convertir el municipio en una zona turística.
Carmen Luisa Castro ha señalado que corresponderá al planeamiento general del municipio la implantación de actividades turísticas, alojativas, industriales y otras de carácter económico, siempre que cumplan con las condiciones de compatibilidad con los valores ambientales y de recuperación paisajística.
La portavoz del PP en el Cabildo de Tenerife, Ana Zurita, ha comentado que sería injusto que se establezca la categoría de protección ambiental en los barrancos de Güímar, pues de esta manera se limitarían los usos de la zona.
Ana Zurita ha apostado porque, en base al borrador de la ley del suelo que impulsa el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, el Ayuntamiento controle su planeamiento y defina lo que quiere hacer con su territorio para desarrollar los conocidos como áridos de Güímar de forma sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental.