A 1.602.360,24 euros asciende la inversión de la empresa Proguito en las obras que realizó del complejo de viviendas que quería construir en Costa del Silencio y que paralizó el Ayuntamiento de Arona en agosto de 2002, después de que los empresarios José Ramón Ansorena, padre e hijo, no pagaran los 45 millones de euros que les exigían para conceder la licencia en una presunta extorsión, según declararon en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.
Ese importe fue conocido ayer durante el interrogatorio del tasador Hipólito Antonio Armas, quien explicó que se limitó a ver la obra y realizar la valoración.
Por su parte, el arquitecto Carlos Bernal Limiñana ratificó el contenido del informe pormenorizado que elaboró sobre las licencias en unidades de actuación. Además de concluir que la actuación del gobierno municipal produjo "un perjuicio económico para el interés general", señaló que las mismas "fueron concedidas irregularmente" en base al Plan General de Ordenación (PGO) de 1987, vigente entonces, argumentando que la legislación establece que "no se pueden conceder licencias en unidades de actuación no desarrolladas". También especificó que tampoco se puede hablar de transitoriedad (a la espera de la entrada en vigor del PGO de 2011) como argumento para otorgarlas porque "ya incumplían el planeamiento del año 1987".
Las defensas quisieron generar confusión en el interrogado, propiciando la intervención de la presidenta de la sala, mientras el arquitecto se ceñía a exponer y ampararse en la legislación para defender su informe.
Mónica de Luis fue la primera en declarar ayer. La hija del exaparejador municipal y acusado, Roberto de Luis, explicó que forma parte de la sociedad Cram 4 con el resto de la familia, defendió las propiedades de su padre como fruto de su trabajo, acusó a su primo José Antonio Molina (único testigo que ha declarado tras un biombo) de ser un delincuente (entre otras muchas cosas) y explicó que 126.000 euros que declaró como ingresos no teniendo empleo correspondieron a la declaración de la renta conjunta que hacía con su exmarido, mientras 70.000 euros que recibió residiendo en Madrid fueron para amueblar un piso y para gastos ordinarios.