Ayer quedó visto para sentencia el juicio que celebró la Sección Segunda de la Audiencia Provincial contra Francisco Javier del Rosario Fuentes por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Considerado por la Fiscalía y la acusación como administrador único (durante el periodo 1995-2007) de la sociedad Áridos del Atlántico, S.L., dedicada a la extracción de árido en Güímar, el acusado se declaró ayer inocente y explicó que "la empresa tenía que estar abierta hace casi un año".
El motivo es que el desarrollo del Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras del Tren del Sur precisa de ocho millones de metros cúbicos de árido "que debíamos aportar".
El abogado defensor, Rafael Sancho Verdugo, pidió su absolución por considerar que ninguna prueba señala a Del Rosario como administrador único y que actuó, durante los años que abarca el delito juzgado, como un trabajador obediente a quien sí era tal, Miguel Reyes. "Aquí hemos visto mucha presunción", indicó el letrado, quien resaltó que el acusado "se preocupó", tanto en el tiempo en que fue empleado como cuando asumió el puesto de administrador único (23 de diciembre de 2008), "por elaborar planes de restauración", si bien no se aplicaron "porque el ayuntamiento no concedió la licencia". Asimismo, aclaró que en el acuerdo firmado por todos los areneros el 12 de noviembre de 1999 (en el Cabildo), se especifica que "podrán continuar la actividad de conformidad con sus respectivos planes de labores".
El abogado defensor negó haber emitido auto alguno desimputando a Miguel Reyes cuando ejerció de instructor siendo juez sustituto, cuando el abogado de la acusación, Carlos Álvarez -para quien el hecho de que Sancho Verdugo intervenga en el caso como abogado defensor es "sorprendente"-, le recordó que obvió a Reyes y "mantuvo la imputación de su hoy defendido". Para el letrado, Reyes "era un presunto testaferro" y el acusado actuó como "administrador oculto". Sostuvo la petición de cinco años de cárcel y multa de 69,5 millones de euros.
La Fiscalía, que ratificó la petición de condena y multa, argumentó que se excedió tanto el tiempo de la actividad como la superficie y la profundidad de la extracción, que se hizo sin ninguna de las autorizaciones preceptivas, salvo una concesión atribuida por la Dirección General de Industria, y que se produjo afección al medio ambiente, impacto visual, daño al suelo y al subsuelo, a la fauna y a la flora, así como al drenaje. Todo "con el agravante de clandestinidad y desobediencia a la autoridad", al haber sido clausurada la última cantera el 14 de enero de 2008. "Ganaron miles de millones y acabaron cediéndola a título gratuito", destacó irónicamente antes de sentenciar que "a Miguel Reyes lo pusieron porque preveían este escenario".
El abogado del Ayuntamiento de Güímar elevó a 42,5 millones la petición económica.