El Consejo de Gobierno Insular aprobó, el 20 de enero de 2014, modificar el acuerdo que adoptó el 28 de octubre de 2013 decidiendo "otorgar la calificación territorial" al denominado "proyecto técnico actualizado de recursos existentes y no explotados que quedan en la cantera El Fregenal", promovido por la entidad mercantil Áridos del Atlántico, SL, aunque condicionó la concesión. De hecho, la empresa no dispone de tal catalogación porque el Ayuntamiento de Güímar la negó.
En su argumentación, el Cabildo justificó la concesión de la calificación territorial a El Fregenal argumentando que es "una cantera con autorización minera vigente y otorgada con anterioridad a la entrada en vigor del PIOT".
Se da la circunstancia de que el viernes concluyó, en la Audiencia Provincial, el juicio contra Francisco Javier del Rosario por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales como consecuencia de la explotación, entre otras, de esta cantera. El 14 de enero de 2008 fue, además, la última precintada de las industrias areneras que operaron en los barrancos de Güímar.
Áridos del Atlántico solicitó la licencia urbanística para la extracción de áridos y explotación de la cantera el 24 de junio de 2014 ante el Ayuntamiento de Güímar, que la denegó el 27 de noviembre del mismo año fundamentándose en los informes emitidos por la Secretaría General (5 de agosto de 2014) y el área de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente (6 de agosto de 2014).
Entre las argumentaciones del gobierno que preside Carmen Luisa Castro se menciona que la cantera "ha sido fruto de extracciones que nunca obtuvieron licencia municipal, como tampoco las construcciones e instalaciones existentes". Además, en el expediente se destaca que "el ámbito que nos ocupa no fue el que se recogió en el proyecto original de 1974".
Asimismo, los técnicos municipales advirtieron de la ausencia de evaluación ambiental, documento que la Dirección General de Protección de la Naturaleza, como órgano competente, determinó como necesario contradiciendo a lo estipulado por el departamento homólogo de Industria. Esta situación derivó en un conflicto judicial.
Cabe recordar que el empresario juzgado explicó, en sus palabras finales al tribunal, que "la empresa tenía que estar abierta hace casi un año", ya que "debíamos aportar" los ocho millones de metros cúbicos de árido que se precisan para la realización de la obra del tren del Sur.