Ni la figura de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC), ni la mediación del Cabildo, ni reuniones a cinco bandas (tres ayuntamientos, Administración insular e industriales), ni encuentros casi "a escondidas" entre técnicos municipales, ni declaraciones "diplomáticas" resuelven el problema del mantenimiento del Polígono Industrial Valle de Güímar. Aunque las fuentes oficiales optan por el silencio, entre los empresarios hay quienes transmiten que "este problema se resolverá por la vía judicial. Los ayuntamientos sabrán lo que están haciendo".
La comunicación oficial a las corporaciones municipales de Candelaria, Arafo y Güímar se materializará en breve y en ella trasladarán su disconformidad con la creación, al unísono, de la Entidad de Conservación y del Consorcio. "Eso es insostenible" y se trata de una propuesta "alejada del consenso".
Hay un hecho en el que los consultados coinciden y hacen hincapié: El 22 de julio de 2013, Candelaria, Arafo y Güímar recepcionaron el Polígono Industrial Valle de Güímar, por lo que son los ayuntamientos de los tres municipios los únicos responsables legales del cuidado y mantenimiento de los espacios y servicios comunes de este enclave. "Los empresarios ya pagamos nuestros impuestos y los municipios tienen que darnos servicios por ellos".
Así de tajante y decididos se muestran. De hecho, también recordarán en su comunicación oficial a los ayuntamiento "el carácter voluntario" que tiene para ellos la Entidad Urbanística de Conservación. Además, la EUC debe tener un periodo de vigencia de cuatro años "negociada y consensuada", toda vez que los industriales tendrían que contribuir a su financiación, "pero nunca vamos a aceptar que al tiempo se constituya un Consorcio", una figura que solo puede estar costeada por las administraciones públicas. "Si pretenden que la Entidad de Conservación sea una especie de Consorcio pero pagado por los empresarios, acudiremos a otras vías", sentenciaron varios de los empresarios.
"Eso es lo que hay en los Estatutos de la EUC que han aprobado hasta ahora y eso no lo vamos a admitir". Es decir, que en virtud de lo que les han trasladado desde los municipios, "recurriremos por la vía legal si elevan a definitivos los Estatutos que nos han remitido".
Este es el panorama después de que los secretarios de las cuatro administraciones implicadas modificaran los acuerdos de la reunión política celebrada el 22 de febrero. Los empresarios tienen claro que se alinean con las tesis de la alcaldesa de Güímar, de que el Consorcio es la figura definitiva y que cada ayuntamiento tendrá que asumir su zona de competencia.