La letra de una carta en la que le pidieron a la familia Ansorena 22,5 millones de euros para agilizar la concesión de una licencia urbanística era del empresario acusado Arsenio Zamora; que la situación patrimonial del exconcejal acusado Félix Sierra "es más que transparente", y que se pueden conceder licencias de construcción en unidades de actuación no gestionadas, según algún jurista, fueron las tres conclusiones centrales de la sesión 20 del juicio de la causa principal del caso Arona.
Dos especialistas de la Guardia Civil declararon y ratificaron que la escritura de la carta recibida por la familia Ansorena, en la que le pedían 22,5 millones de euros como una parte para agilizar la concesión de una licencia de obra, "fue realizada por Zamora Toledo". Este empresario es el presunto intermediario en una supuesta extorsión que implicaría a políticos, técnicos y profesionales externos al Ayuntamiento de Arona.
La abogada defensora, Carmen Rosa Luis, incidió (sin éxito) en que los informes periciales no diferencian los trazos de letras y números.
Pedro Cabezas, economista y auditor, respaldó las tesis del exconcejal acusado de presunto cohecho, Félix Sierra, exponiendo y defendiendo que este y su familia "tenían capacidad económica para dedicar una media del 19% a inversiones". Sierra, al que la presidenta de la sala llamó la atención, solo escuchó flaquear al perito cuando respondió a la jueza ponente que el origen de cierto dinero podría ser el que él creía u otro.
Al último perito interrogado, el jurista Ignacio Sanz, la fiscal le recordó su fracaso legal en planeamientos anulados (Vigo), del que fue apartado.