El pasado 5 de febrero se firmó el contrato de la concesión administrativa para la construcción y explotación de la piscina cubierta de Candelaria, documento rubricado por la alcaldesa, María Concepción Brito (que estuvo asistida por el secretario de la Corporación municipal, Octavio Fernández), y por el gerente de la UTE Piscina de Candelaria, Javier Marrero.

El concejal de la Plataforma Vecinos por Candelaria (VxC), José Fernando Gómez, advierte de "la presunta ilegalidad en la que incurre el gobierno municipal, formado por PSOE y CC, ya que la obra ocupará suelo calificado como dotacional deportivo público, pero la mayor parte de la superficie se proyecta para uso privado mediante una galería comercial y un estacionamiento".

A su juicio, el proyecto aprobado "contraviene el Plan General de Ordenación (PGO) y las propias bases de la licitación, ya que la construcción total sumará 10.400 metros cuadrados, de los que la piscina cubierta ocupará unos 4.000 metros cuadrados". El problema lo sitúa en que la propuesta ganadora incluye "una zona destinada a local comercial de 5.500 metros cuadrados, mientras que el pliego de condiciones reducía ese uso a 70 metros cuadrados, siempre que fueran coadyuvantes (colaboradores) del uso principal (la piscina)".

La oposición votó en contra de la adjudicación definitiva de la concesión durante el pleno celebrado el pasado 30 de diciembre.

Además, criticó que "el grupo de gobierno desoyó el informe que el secretario municipal emitió en diciembre pasado, advirtiendo de la ilegalidad de la oferta adjudicataria en materia de contratación pública y del incumplimiento del PGO".

Para Gómez, "el asunto se complica, al margen de las responsabilidades políticas y técnicas asociadas al procedimiento, cuando constatamos que el suelo para dotación pública acaba convertido, en más de la mitad, en un centro comercial privado, con otros usos comerciales privativos y en competencia forzada con el conjunto de los establecimientos particulares de la zona, quienes no han podido contar con la ventaja comercial que ofrece el ayuntamiento ahora, forzando las bases del concurso y el PGO".

El gobierno municipal sigue adelante con el procedimiento.