Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) adscritos a la Comisaría de Playa de las Américas intervinieron las herramientas que estaban utilizando los operarios que realizaban obras en el local del edificio Julián José, que colapsó a las 9:31 horas del pasado día 14 causando la muerte de siete personas y dejando heridas a otras tres.

Según los datos a los que ha tenido acceso EL DÍA, se trataba de la maquinaria adecuada para efectuar trabajos "pesados" en el interior de una edificación.

Curiosamente, ayer, el concejal de Urbanismo y Planificación del Ayuntamiento de Arona, Luis García, explicó que el edificio que ocupaba el número 12 de la calle Amalia Alayón fue construido en 1972 y que "la administración no pudo actuar conforme a los protocolos de los que ya dispone porque no se comunicó que se estuvieran realizando trabajos en el interior". En esa línea, incidió en que "no se había concedido ninguna licencia de obras y no existía ninguna comunicación acerca de que existiera alguna sospecha sobre la estructura".

Eso sí, García recuerda que será la justicia la que determine las causas de este desgraciado incidente y que el ayuntamiento colaborará con todo lo necesario en la investigación, según transmitió a través de un comunicado.

En el marco de esas investigaciones, la Policía Judicial tomó declaración al arquitecto que elaboró el proyecto de la obra que se llevaba a cabo en un local de la edificación en el momento de su desplome.

Cabe recordar que la investigación está a cargo de la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Arona y que los dos operarios que llevaban a cabo trabajos en el local que albergó las dependencias de una entidad bancaria también prestaron declaración, al igual que otras personas del entorno.

En el año 2004, la comunidad de vecinos contó con un estudio sobre el estado del edificio que no detectó anomalías relevantes.

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Elaboración del censo del parque inmobiliario

El gobierno local de Arona anunció ayer que elabora un censo del parque inmobiliario municipal. El objetivo fundamental es "identificar los edificios de carácter residencial que tienen una antigüedad superior a 50 años", que no es el caso del que colapsó. Arona es uno de los ayuntamientos obligados a contar con una ordenanza de Inspección Técnica de Edificios (ITE), si bien corresponde a los propietarios de los inmuebles la contratación de los técnicos para su realización, aclaró el concejal de Urbanismo. Luis García señaló que "garantizar un óptimo estado de conservación de los edificios requiere una mayor concienciación social, porque las ITE, por sí solas, no van a ser la solución".

Jornadas para informar a todos los afectados

La celebración de unas jornadas informativas para las comunidades de propietarios, administradores de fincas, técnicos y ciudadanía, en general, sobre el marco normativo vigente en esta materia es otra iniciativa en marcha. "El ayuntamiento quiere facilitar toda la información a las comunidades de propietarios sobre sus obligaciones legales y los procedimientos que deben seguir ante cualquier sospecha, ya que la Administración pública no puede actuar de oficio si no tiene conocimiento de los hechos", señaló. García aclaró que "contamos con protocolos de actuación desde hace años que se aplican permanentemente para garantizar el cumplimiento del deber legal de conservación".