La defensa de los siete ediles acusados en el caso Arona aseguró hoy que en el ayuntamiento no había ninguna trama delictiva, como sostiene la acusación, y sostuvo que la única trama es la de los denunciantes, a los que denominó "los cuatro magníficos".

La letrada Olga López Lago defiende al exalcalde de Arona José Alberto González Reverón, al exconcejal de Urbanismo Félix Sierra y a los exediles Manuel Barrios, Daniel Martín, Juan José Alayón, José Luis González y Alfonso Barroso, integrantes de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Arona entre 2003 y 2007. En su alegato final, pidió la libre absolución de sus representados con todos los pronunciamientos favorables.

La fiscalía pide dos años de prisión para cada uno de los exconcejales por presunta prevaricación en la concesión de licencias urbanísticas, excepto para Félix Sierra, para el que pide seis años de cárcel al atribuirle además delitos de cohecho, actividad prohibida a la autoridad y abuso de poder.

Se sientan también en el banquillo el exaparejador municipal Roberto de Luis, el exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa, el empresario Arsenio Zamora y los arquitectos Zenón Rodríguez, Jorge Menéndez y Antonio González Tolosa, cuyas defensas intervendrán en la sesión de mañana.

Olga López afirmó que se ha vulnerado la presunción de inocencia de los siete exintegrantes de la junta de gobierno municipal y afirmó que se les ha aplicado una suerte de presunción de culpabilidad sin que haya ni una sola prueba.

En sus más de tres horas de alegato final, la letrada aseguró que la denuncia es "política y electoralista", al partir inicialmente del grupo municipal socialista, y afirmó que la fase de instrucción debería ser declarada nula.

Descalificó la instrucción judicial, las investigaciones llevadas a cabo por Policía y Guardia Civil, los testigos de la acusación particular, las revelaciones de la "prensa amarilla" y el empeño de la fiscalía en convertir en delito lo que son procedimientos administrativos.

Denunció que se pretende juzgar de manera global y colectiva a los integrantes de la comisión de gobierno, que se limitaban a votar sobre las peticiones de licencias urbanísticas, sin que se hayan realizado imputaciones concretas ni diferenciadas sobre el grado de responsabilidad individual de cada uno.

La letrada dijo que se han denunciado irregularidades en la concesión de 200 licencias, pero la fiscalía sólo se ha detenido en ocho de ellas, y afirmó que en ningún caso hay delitos.

Las licencias se concedían con dos informes contrapuestos, uno jurídico contrario y otro técnico favorable, y, según Olga López, la función de la junta de gobierno en estos casos es tomar una decisión, sin que haya prevalencia de un informe sobre otro.

"Que haya alguna irregularidad administrativa, en el supuesto de que la hubiera, no implicaría que las licencias sean ilegales o que supongan un ilícito penal", y por tanto las diferencias deberían resolverse por la vía administrativa y no la penal, argumentó.

En cuanto a las acusaciones de fragmentación de contratos con el objetivo, según la fiscalía, de adjudicarlos arbitrariamente a determinadas empresas, la defensa afirmó que en todos los casos están perfectamente justificados y fundamentados, así que se apoyó en la jurisprudencia para sostener que no hay ningún tipo de delito.

La letrada Olga López aseguró además que no hay ningún tipo de prueba, "ni material ni indiciaria", sobre un presunto cohecho por parte del exconcejal de urbanismo Félix Sierra.

Desacreditó a los testigos presentados por la acusación contra Félix Sierra, así como la investigación sobre su patrimonio realizada por la Policía.

El patrimonio de Sierra es "claro y diáfano", se ha demostrado documentalmente la procedencia de su dinero y no hay "nada de nada" sobre supuestos blanqueos, sostuvo la letrada.

Todo el patrimonio de la familia Sierra procede del ahorro, la inversión y el trabajo, subrayó la letrada.

Según Olga López, durante el juicio "no se ha desvirtuado la presunción de inocencia" de ninguno de sus representados por lo que pidió la libre absolución de todos ellos con todos los pronunciamientos favorables.