El coordinador municipal del Partido Popular (PP), Víctor González, solicitó a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Güímar que "informen si se ajusta a derecho la devolución de expedientes por parte de la Intervención". Fue la respuesta de quien también es personal de confianza al escrito que dirigió a la Alcaldía en el que dejó constancia "del acoso laboral y personal" del que dice ser objeto por este trabajador.
La interventora acumulada (también ejerce de secretaria en Arafo) transmitió a la alcaldesa su malestar porque la misma y el resto de responsables políticos consienten "la difamación gratuita" como medio para coaccionarla, algo que, asegura, es "una práctica habitual en Víctor González".
Al tiempo de informar de que ha "activado" acciones judiciales, Ruth Arteaga reclama de los representantes de los trabajadores que "no permitan este tipo de situaciones", como la "invasión" de su esfera personal al exponerse públicamente, por parte del trabajador, la denegación de ayudas sociales y dietas contempladas en el convenio del personal y solicitadas por la interventora.
Ruth Arteaga reclama de la Alcaldía "una actuación inmediata", así como al concejal de Hacienda y al grupo de gobierno (PP-CC). Al tiempo, defiende su trabajo como un ejercicio de "independencia, objetividad, sin coacciones y sin amenazas de difamación profesional y personal".
Víctor González niega las acusaciones de las que es objeto por parte de la interventora afirmando que "ni siquiera visito su despacho, algo que me resultaría difícil porque viene solo alguna tarde". Afirmando que "devuelve todos los expedientes con fiscalización desfavorable", admite que "en algunos pudiera tener razón, pero no en la gran mayoría, algo que avalan los servicios jurídicos cuando entienden que los reparos no están debidamente fundamentados".
González insiste en que "esta funcionaria acumulada disfraza de acoso lo que en realidad es su enfado por haberle denegado las ayudas sociales y dietas, ya que es funcionaria del Ayuntamiento de Arafo y en Güímar está por acumulación de tareas".
El personal de confianza del PP en el Ayuntamiento güimarero señala en su escrito que la interventora "se ha permitido informar como desfavorable ayudas sociales a miembros de la Junta de Personal".
Ambos, la interventora y el empleado eventual, solicitan "que se investiguen estos hechos por los representantes de los trabajadores y por los responsables políticos y que actúen para que no se vuelvan a producir". En el caso de la funcionaria, trasladó el mismo documento a la Dirección General de Función Pública, a la Fiscalía y a Inspección de Trabajo.