Seis meses de prisión y una multa de 30.000 euros es la petición de pena que mantuvo ayer la fiscal María Isabel Silva Torres para José Manuel Rodríguez, guardia civil y miembro del Servicio de Información de la Benemérita en Playa de las Américas hasta finales de 2008, al que atribuye un delito de tráfico de influencias. La defensa del acusado, José Ramón Pitti, pidió la absolución al entender que "se sienta en el banquillo porque es bobo" al haber actuado altruistamente en beneficio del municipio. De no haberlo hecho "se habría ahorrado ocho años de sufrimientos y comentarios".

José Manuel Rodríguez fue juzgado por la Audiencia Provincial al aparecer en el caso Arona (protagonizó una pieza separada) como presunto intermediario entre el gobierno municipal del periodo 2007-2011 y el portavoz del Grupo Socialista y promotor de este proceso, Francisco García Santamaría, para que el PSOE reconsiderara su actitud y participara en la aprobación de licencias urbanísticas que tenían indicios de ilegalidad.

La Fiscalía centró su alegato final en que el guardia civil, sin ser político ni tener interés aparente en ello, formó parte activa de tres reuniones celebradas fuera del ayuntamiento en las que "trató de influir en la decisión de voto" de los concejales socialistas. Especial atención prestó a su vinculación con el empresario Pedro Suárez, en cuyo domicilio tuvo lugar un encuentro relevante "aunque nadie se acuerda de qué se trató ahí, solo de que comieron cochino negro".

La participación activa, asimismo, la quiso constatar con la mediación del acusado entre el alcalde, José Alberto González, y Francisco García Santamaría para "suavizar" la sanción final que se le impondría a una empresa familiar del segundo a través de un expediente sancionador que, finalmente, el juzgado también matizó reduciendo el importe de la multa.

El abogado de la defensa destacó que los testigos y las cuatro conversaciones telefónicas escuchadas ayer en la sala ratifican que José Manuel Rodríguez se limitó a gestionar una situación de enfrentamiento político y personal entre José Alberto González y Francisco García Santamaría buscando el beneficio del municipio.

La defensa dijo que de las actuaciones "no puede deducirse que hubiera una confabulación (de su defendido) con Pedro Suárez", puesto que en ninguna de las reuniones en las que participó el guardia civil se abordó licencia urbanística alguna pendiente de conceder a ese empresario, "que no tenía ninguna en esa situación".

José Ramón Pitti indicó que "se le ha arruinado la vida" a José Manuel Rodríguez por "sentarse a arreglar las relaciones" entre el gobierno y la oposición local.