El abogado de la Asociación de Vecinos Bajo la Cuesta-Risco las Tablas, José Ortega, elevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una queja formal contra el fiscal asignado al caso abierto en el Juzgado de Güímar a raíz de la denuncia presentada por los vecinos de este barrio contra su desalojo por el presunto riesgo de desprendimiento del talud existente sobre las viviendas del lugar.

La causa fundamental es la demora, por parte del fiscal asignado al caso, en la remisión de los actos correspondientes de forma que se produce un bloqueo efectivo de las diligencias previas que se siguen por parte del juzgado.

El abogado señaló que hace varios meses que remitió a la Fiscalía una petición que no ha tenido la callada por respuesta y que es necesario avanzar en la solución a este problema que afecta a los vecinos de Bajo la Cuesta.

Asimismo, confirmó la retirada de una denuncia interpuesta en su momento contra el ahora exalcalde de Candelaria, José Gumersindo García, al entender que su decreto de desalojo "ya está muy superado" por las actuaciones posteriores del gobierno municipal del mandato actual.

El 26 de febrero de 2010, esta zona de la Villa Mariana recibió la primera notificación de desalojo. En aquella ocasión, el alcalde se basó en informes técnicos del Servicio de Costas de Tenerife y de los Servicios Técnicos del propio ayuntamiento, que recomendaron "que se prohíba totalmente el paso a personas y vehículos en la zona de Bajo La Cuesta y se proceda al desalojo de las personas que habitan en dichas viviendas, así como el corte de suministro de energía eléctrica de uso domiciliario, alumbrado público, telefonía y suministros de energía eléctrica de uso domiciliario, alumbrado público, telefonía y de agua potable". La situación se agravó entonces por una a declaración de preemergencia máxima por vientos fuertes declarada por el Gobierno de Canarias.

Al negarse los vecinos a abandonar sus casas, el tema fue puesto en manos del juzgado.

Al tiempo, fue elaborado un informe por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias cuyas conclusiones previas, dadas a conocer entonces, indicaban que no existía peligro de desprendimiento.

Con posterioridad, en junio de 2015, el propio García Trujillo volvió a decretar el desalojo que tramitaría su sustituta y actual alcaldesa, que el pasado abril desestima el recurso de reposición contra el desalojo y anunció que pediría autorización judicial para acceder a las viviendas.

La Dirección General de Costas ordenó el derribo del poblado de Bajo la Cuesta en enero de 2008.