El abogado de los vecinos de Bajo la Cuesta, José Ortega, trasladó al Ayuntamiento de Candelaria la petición de que ordene a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar la realización de obras de refuerzo del talud "porque se trata de un tercer propietario". Por tanto, el letrado considera que "no corresponde solicitar autorización a Costas para hacer parte de la obra, sino obligarle a intervenir".
Teniendo en cuenta que el barrio litiga con este órgano del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) al discrepar de la pretensión de Costas de considerarlo como afectado por el deslinde marítimo-terrestre, "está claro que no harán nada que favorezca a los vecinos". Consecuentemente, crece el convencimiento de que el desalojo es la antesala del derribo de Bajo la Cuesta.
De momento, a seis días de que expire el plazo otorgado para proceder al desalojo forzoso del lugar, la población insiste en que "no tenemos garantías suficientes para marcharnos".
Desde el gobierno municipal se ha insistido en que "el ayuntamiento no puede establecer el periodo exacto de duración de los trabajos. Lo único que puede informar es que Endesa ha establecido que el plazo de duración de sus obras será de tres meses, plazo que podrá verse alterado debido a acontecimientos imprevistos".
Los vecinos insisten en reclamar garantías del retorno a sus hogares, de forma que se les comunique la fecha y el pago del alquiler del alojamiento alternativo mientras duren los trabajos en el talud. "Por escrito, claro".
Según el acuerdo alcanzado durante la reunión mantenida el martes, el consistorio abonará "ayudas de emergencia social para sufragar el alquiler para aquellas personas que tengan su única vivienda en Bajo la Cuesta mientras dure el desalojo provisional" y contratará seguridad privada en la zona el tiempo que dure el desalojo.
Actualmente, y de acuerdo al Plan General de Ordenación, este barrio es suelo rústico de protección del litoral; hasta 2007 fue suelo urbano consolidado.
las claves
El PGO recalificó el suelo de Bajo la Cuesta en 2007 pasando de urbano consolidado a suelo de protección del litoral. Fue una imposición de la Cotmac, dice el gobierno.
Un puerto deportivo está contemplado para la zona que hoy ocupa la central eléctrica. La reforma de la Ley de Puertos permite crear una urbanización en un espacio próximo, como sería Bajo la Cuesta. La Alcaldía asegura que ahí no habrá ningún proyecto.