Los empresarios y profesionales del Sur denuncian el "tratamiento desigual" que Costas da a las playas de Tenerife respecto a las de Gran Canaria, por lo que el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) exige que en la Isla "se utilicen los mismos criterios que vienen aplicándose en Gran Canaria y el resto del litoral español, donde las medidas de protección de la fauna marina se llevan a cabo permitiendo un margen para las zonas de actividades náuticas turísticas". Para el CEST, Costas, a través del Servicio Provincial de Tenerife, "provoca un agravio comparativo (...) al prohibir en Tenerife lo que permite en Gran Canaria".

El Servicio de Costas de Tenerife denegó las primeras renovaciones de servicios náuticos desde las playas en el Sur, que llevan otorgándose en muchos casos más de 20 años, lo que "condena al cierre de prácticamente todas las pequeñas y medianas empresas y el deterioro de la oferta". La Orden 2417/2011, de 30 de agosto, conforme al plan estatal Red Natura 2000, restringe las actividades turísticas en la costa sur con especial incidencia en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Teno-Rasca, afectando por tanto dichas prohibiciones a las playas urbanas más turísticas.

La declaración de estas zonas costeras como lugares de importancia comunitaria (LIC) a través de la Orden limita su uso sin reparar en "el grave impacto que esto provoca en la economía con la destrucción de unos 500 puestos de trabajo, la desaparición de pequeñas y medianas empresas y, entre otras consecuencias, que los turistas dejen de disfrutar de los servicios como motos acuáticas en circuitos, parascending, bananas y otros".

El CEST apunta que la Orden se aplica "de espaldas a los intereses de la Isla, generando importantes daños que irán a más si no se corrige la situación". Al tiempo, denuncia "las graves incongruencias de la regulación, que al prohibir el uso de embarcaciones recreativas rápidas veta la utilización de las costas en una Isla cuya economía depende del turismo".

Incide en que este tipo de prohibiciones no se produce en ningún otro lado del país. "Sin ir más lejos, en Gran Canaria no se da esta situación porque se ha establecido una solución más sensata y razonable, con una franja costera reservada al ocio y otra de protección marina, compatibilizando así ambos intereses, protegiendo la costa pero también los puestos de trabajo", afirman.