La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) desestimó el recurso de casación que interpuso Francisco Javier del Rosario, empresario dedicado a la extracción de árido en Güímar, condenado por un delito contra el medio ambiente mediante sentencia que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial emitió el 17 de marzo.

El TS ratifica así la condena a tres años de prisión, multa de 18 meses con cuota diaria de 10 euros (con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas de multa impagadas), inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con la actividad industrial durante dos años e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como a pagar la restauración de las canteras denominadas Llanos II y El Fregenal, propiedad de la empresa Áridos del Atlántico.

Francisco del Rosario fue el único de los cuatro areneros que defendió su inocencia en un juicio, no reconociendo previamente su culpabilidad como parte del acuerdo que le evitó la cárcel a los otros tres empresarios.

El Tribunal Supremo rechaza todos los argumentos del condenado y llega a señalar que "el peligro creado fue grave por las circunstancias de tiempo y lugar concurrentes" y que "el riesgo para el medio ambiente fue, incluso, real, concreto, y relevante".

La sentencia, que data del pasado día 14, considera probado que Francisco del Rosario era el administrador único de Áridos del Atlántico, empresa que extrajo material de los barrancos de Güímar de forma "incontrolada y sin cobertura legal" desde 1994 a 2007 y especifica que el hecho de que las administraciones no actuaran contra el desarrollo de esta industria durante años "no supone patente de corso para que tal actividad de extracción de áridos se desarrolle de cualquier manera". Asimismo, advierte de que el peligro "más inminente e importante" por las dimensiones de las canteras es la "inestabilidad del terreno debido a la gran verticalidad de los taludes".

Del Rosario puede presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.