La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Canarias rechazó la propuesta de resolución de la revisión de oficio incoada, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Candelaria, sobre la posible nulidad de pleno derecho de las licencias de construcción y reformado de la vivienda que el exalcalde, José Gumersindo García, tiene en Lomo Juan Díaz.

El Consejo Consultivo se basa en que la propuesta de resolución "no es conforme a Derecho al haber caducado el procedimiento revisor (desde el mes de agosto pasado), sin perjuicio de la posibilidad de incoar nuevo procedimiento de revisión de oficio sobre el mismo objeto".

Explica este órgano que además de haberse producido resoluciones extemporáneas de recusaciones durante el trámite del expediente, tampoco se tuvieron en cuenta aspectos generados durante el desarrollo del procedimiento judicial que en paralelo se sigue sobre este mismo asunto.

Los concejales de Sí se Puede (SsP) en el Ayuntamiento de Candelaria reclaman que el grupo de gobierno asuma responsabilidades políticas por la "chapucera" tramitación del expediente.

SsP pedirá ante el Pleno que se den las explicaciones y se tomen las medidas oportunas.

Según Mayca Coello, portavoz de SsP en Candelaria, el organismo asesor "debe haberse quedado desconcertado por la chapucera tramitación del expediente, enormemente relevante en Candelaria dados los antecedentes polémicos que lo han acompañado al tratarse de la vivienda de quien fue alcalde durante 14 años".

Según la concejal, "el ayuntamiento ha demostrado, una vez más, su incompetencia manifiesta en la gestión de este expediente, engrosando la lista de meteduras de pata en este primer año y medio de mandato". Coello destaca que el secretario municipal advirtió de la caducidad del procedimiento, pero, "como viene siendo demasiado frecuente, nadie le hizo caso provocando una demora injustificable y un ridículo monumental".

La concejal destacó que "el dictamen del Consejo Consultivo cuestiona el criterio municipal favorable a inadmitir en el procedimiento un informe pericial encargado por un juez". Coello apunta que la pericial era "detallada, minuciosa y contundente" a la hora de declarar la supuesta ilegalidad de la licencia emitida. SsP atisba una estrategia "torticera al intentar ocultar u obviar este documento por parte de los responsables municipales".