Desde el gobierno municipal se defendió en todo momento la legalidad del proyecto, asegurando el concejal de Urbanismo, Fernando Alduán, que eso no se ha cuestionado "en ningún momento" en ningún informe técnico, pero la construcción de la piscina municipal cubierta de Candelaria está paralizada después de que el Pleno aprobara ayer, con la abstención del Partido Popular (PP) -a pesar de calificarla como "ilegal e irregular"-, desestimar la aprobación definitiva del proyecto de obra e hipoteca de la concesión del contrato de concesión de obra pública para su construcción y gestión.

El propio Alduán admitió reiteradamente que el expediente "adolece de informe jurídico contundente", cuya elaboración el secretario condiciona a la disponibilidad de informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que fueron pedidos el 16 de enero pasado.

A pesar de la casi unanimidad que registró la votación, el debate estuvo marcado por alusiones tales como "engañan a los ciudadanos", "roban espacio deportivo para convertirlo en económico", "se saltan los informes negativos del secretario", "en este expediente sí hay mucho que esconder" y "se han metido solos en este problema". La réplica a estas palabras de los portavoces de los grupos políticos en la oposición -Mayca Coello (SsP), Juan Miguel Olivera (PP) y José Fernando Gómez (VxC)- la sintetizó la alcaldesa, María Concepción Brito, cuando dijo que "resulta como poco interesante ver el regocijo que tienen ustedes con el retraso de este proyecto".

Partido Popular, Sí se Puede y Vecinos por Candelaria recordaron que la valla anunciadora de la obra de este complejo fue colocada poco antes de comenzar la campaña electoral de mayo de 2015, una acción que suele indicar el inicio de la obra y que se materializa una vez firmada el acta de replanteo, explicó al Pleno el secretario municipal.

"No es cierto que cometamos una ilegalidad", afirmó la regidora, quien pidió explicaciones (aunque no dejó que el aludido las diera) al portavoz del PP acerca de su afirmación de que el proyecto incumple el PGO. "Confiamos en los informes de nuestros técnicos", reiteró Brito Concepción, que defendió la construcción de la piscina cubierta como un proyecto que "dinamizará económica y socialmente" el municipio.

La adjudicación y elaboración del proyecto se produjo después de que el secretario advirtiera de posibles irregularidades, la superficie comercial prevista (5.500 metros cuadrados, según VxC) prevalece sobre la de la piscina, cuando el PGO establece 70 metros cuadrados para ello y que en una zona dotacional pública de uso deportivo prima el uso comercial fueron afirmaciones en las que coincidieron los tres partidos de la oposición frente al gobierno municipal PSOE-CC.

El Pleno no supo ayer a qué se arriesga la corporación en el caso de que el proyecto sea declarado nulo y la concesionaria reclame una compensación y lucro cesante.

Bajo la Cuesta

Un notario y un perito, con el permiso de los vecinos, entrarán en las casas de Bajo la Cuesta hoy y mañana para evaluar su estado antes de acometer los trabajos en el talud, cuyo proyecto fue modificado. Lo explicó el concejal de Urbanismo, Fernando Alduán, quien anunció que el coste de la obra que realizará subsidiariamente el ayuntamiento (en la zona propiedad de Dani Ran) asciende a 1,3 millones de euros. "La semana próxima se valorará las actuaciones a realizar", indicó.

La demanda a Gómez

"Estoy cansada de todas las mentiras que ha dicho. Va sumando para la demanda", espetó la alcaldesa, María Concepción Brito, dirigiéndose al concejal de Vecinos por Candelaria, José Fernando Gómez, después de que este asegurara que se protege al exalcalde y a su vivienda cuando en el municipio a otros vecinos se les derribaron las suyas. Insistente se mostró la regidora pidiéndole que dijera qué casas tiró el ayuntamiento, negando actuación alguna en ese sentido. "Le demostraré pronto que sí", sentenció José Fernando Gómez. Respecto a los 25.000 euros que Endesa incluía en su proyecto del talud para el realojo de los vecinos, el gobierno se ciñe al informe del secretario para el que "es una cuestión entre la empresa y los vecinos".

A la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, compete iniciar otro expediente de revisión de oficio de las licencias otorgadas para la construcción de la casa del exalcalde, José Gumersindo García, según informó al consistorio la Viceconsejería de Función Pública del Gobierno de Canarias. Lo comunicó ayer la regidora al Pleno durante el debate de la propuesta (rechazada) de José Fernando Gómez (VxC) de expedientar a la vicesecretaria municipal e instructora del expediente y de pedir la dimisión de la alcaldesa y del concejal de Urbanismo, Fernando Alduán, por la caducidad del citado expediente.

La vicesecretaria, que sustituyó al secretario porque "se me ha obligado" ya que, a su juicio, este se abstuvo en el punto de forma "infundada e ilegal", dijo sentirse "víctima de una persecución política", de lo que acusó al concejal proponente porque este percibe indicios de intencionalidad en la caducidad del expediente. Algo "absolutamente falso", dijo la alcaldesa.

"Será el juez quien decida quiénes fueron los responsables políticos y técnicos de conceder las licencias", llegó a defender el portavoz del grupo popular, Juan Miguel Olivera.