La concejala delegada de Urbanismo, Turismo y Transportes del Ayuntamiento de Adeje, Ermitas Moreira, no compareció ante el juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Uno de Santa Cruz de Tenerife en el juicio seguido contra el Ayuntamiento de Adeje por el incumplimiento de la sentencia que obligaba al gobierno municipal a revisar y derogar, en su caso, más de 80 licencias de autotaxi por supuestas irregularidades en su concesión y/o gestión.
El juez reprochó a la Administración adejera que excediera el plazo otorgado para ello (expiró el 12 de octubre de 2016), así como el extraoficial de otros cinco meses, que terminó anteayer.
Fuentes del Ayuntamiento de Adeje confirmaron que aún restan por analizar, evaluar e informar más de una veintena de los más de 80 expedientes de licencias de taxis presuntamente irregulares y afectadas por una denuncia presentada por la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje (Ataca).
La misma dio lugar al procedimiento ordinario 210/2013, seguido en el Juzgado Contencioso Administrativo Número Uno de Santa Cruz de Tenerife, que emitió una sentencia firme el 7 de enero de 2014 condenando al Ayuntamiento de Adeje a formar un expediente por cada una de las licencias afectadas, no pudiendo revocar ninguna sin dar audiencia al titular cuya revocación se trata. La sentencia fue confirmada el 27 de febrero de 2015 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Posteriormente hubo tres autos judiciales de ejecución forzosa (26 de octubre de 2015, 12 de abril de 2016 y 23 de noviembre de 2016). En el segundo de ellos, el juez obligó al secretario del Ayuntamiento de Adeje a requerir al alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, y a la concejal Ermitas Moreira que cumplieran la sentencia de 7 de enero de 2014 en el plazo de seis meses.
La concejala implicada, Ermitas Moreira, será objeto de una sanción económica coercitiva por haber dilatado el cumplimiento de la sentencia.
Leroy recurre la denegación de la licencia en Las Torres
Leroy Merlin España SLU recurrió la decisión de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias por la que denegó la licencia comercial para "para la instalación y apertura de un gran establecimiento comercial", solicitada el 12 de mayo de 2016. El recinto tendría una superficie útil de exposición y venta de 11.811 metros cuadrados "a ubicar en un futuro centro comercial", en la parcela ET-1 del plan parcial Barranco de Las Torres, según consta en el documento que estuvo en información pública. La multinacional considera que lo suyo no será un centro comercial sino una tienda.
"La rigurosidad con que desde el Cabildo se trató este expediente fue algo determinante en todo el trámite del mismo", señaló en su momento la Asociación de Empresarios Comerciantes y Profesionales de Adeje (Aecpa). La Corporación insular emitió sendos informes (Comercio y Política Territorial) contrarios a la autorización de la instalación de Leroy en este punto de Adeje. Eso sí, fuentes de la institución aseguraban que tales informes no tienen carácter vinculante, pero el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, deja claro que el informe que emita la administración en casos como este "tendrá carácter vinculante si fuera desfavorable" (artículo 46.2).