Tenerife Sur
ADEJE

El juez traslada a la Fiscalía la desobediencia de una concejala

Además de imponerle una multa de 600 euros, solicita al Ministerio Fiscal que investigue si la no ejecución de la sentencia del taxi puede ser objeto de ese u otro ilícito penal.
J.A. Medina, Adeje
12/mar/17 2:07 AM
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Francisco Eugenio Úbeda, magistrado juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Santa Cruz de Tenerife, emitió un auto el pasado miércoles imponiendo una multa coercitiva de 600 euros a Ermitas Moreira, concejala de Política Turística, Urbanismo y Accesibilidad. Además, determinó que la Fiscalía investigue si la no ejecución de una sentencia por parte de la edil "pudiera ser constitutiva de un delito de desobediencia a la autoridad u otro ilícito penal".

Este pronunciamiento judicial forma parte del procedimiento por el que el mismo juzgado condenó al Ayuntamiento de Adeje a revisar 83 licencias de autotaxi y, en su caso, revocar las que proceda atendiendo parcialmente los argumentos de la denuncia interpuesta, a tal fin, por la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje (Ataca) argumentando supuesto fraude en la concesión y gestión de las mismas.

La sentencia firme data del 7 de enero de 2014, confirmada el 27 de febrero de 2015 por la Sala lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al resolver el recurso de apelación, pero la aplicación final se dilata más de dos años porque el gobierno municipal argumentó varios problemas para ello.

En todo momento, el magistrado desestimó excusas como la dificultad que suponía tramitar tantos expedientes como licencias a estudiar y el hecho de que se tendría que hacer en pleno proceso electoral. Por ello, el 12 de abril de 2016 requirió al secretario del Ayuntamiento de Adeje para que en el pleno siguiente (tuvo lugar el 29 del mismo mes) "efectúe requerimiento personal" al regidor y a la concejala para que cumplieran la sentencia firme, con la advertencia de ser sancionados con la multa ahora impuesta a la edil, que debe ser abonada en 15 días.

El mismo juez deja claro en su auto que "aún cuando se hayan denegado las solicitudes de ampliación de plazo" para materializar la sentencia, el ayuntamiento contó de hecho del tiempo adicional que había solicitado.

Auto contundente

El juez no solo deja claro en su auto del pasado día 8 que "no consta la total ejecución de la sentencia", sino que señala al gobierno municipal adejero que "no existe justificación para tal práctica dilatoria, pues de lo que se tratada era de tramitar 83 procedimientos de revisión/revocación de licencias municipales de taxi y el ayuntamiento no solo nada objetó a la fijación inicial de seis meses, sino que no ha procedido a ejecutar la sentencia de la que se ha instado por los recurrentes su ejecución forzosa".

Demasiadas excusas

En la misma línea, el magistrado también afirma que en los autos "tampoco ha quedado acreditada la concurrencia de especiales dificultades que justifiquen que a marzo de 2017 no se haya ejecutado una sentencia firme de 2015 que solo implica la tramitación, resolución y notificación de 83 expedientes". Desde Ataca, el colectivo denunciante, se mostró satisfacción por este auto judicial y preocupación por su materialización. Desde el gobierno municipal se admitió que hay unos 20 expedientes por tramitar.

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