Juan Rodríguez Bello, portavoz del Grupo Municipal Socialista, pide la dimisión o destitución del concejal de Economía, Hacienda y Desarrollo Económico, Jacobo Pérez, por la gestión del proyecto Reindustrialización y Potenciación de la Actividad Industrial de Granadilla (Rypaig). Al no estar concluido en el plazo previsto, la Agencia Tributaria reclama al Ayuntamiento granadillero la devolución íntegra de una subvención del Ministerio de Industria de 251.120 euros y un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2,5 millones, además de los intereses de demora y recargos. O sea, unos 3,5 millones de euros.
El concejal socialista recuerda que suscribió el contrato para realizar la tercera fase de este proyecto el 31 de agosto de 2016, casi un mes antes de la moción de censura que desalojó al PSOE del gobierno municipal. Firmó en su condición de vicepresidente y consejero delegado de Grasur.
Con posterioridad, en el expediente de este proyecto aparece una propuesta de liquidación de las obras correspondientes a esta fase que contempla las fechas de inicio (27 de septiembre de 2016) y de terminación (27 de enero de 2017). Y otro documento más. La providencia de apremio de la Agencia Tributaria en la que consta que el plazo de pago en período voluntario finalizó el 20 de enero de 2017 (cuatro meses después de la moción de censura), motivo por el cual se establece un recargo de apremio en contra de Grasur por importe de 496.540,69 euros.
Rodríguez Bello acusa al portavoz de Coalición Canaria, Jacobo Pérez, de "mentir de forma descarada para esconder su incompetencia como gestor público".
La situación recuerda a la vivida en 2015, cuando el Ayuntamiento de Granadilla de Abona (gobernado entonces por el PSOE) cumplió, el 31 de diciembre, la sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que lo condenó a devolver a la compañía Endesa los seis millones de euros que pagó -mientras gobernaban el municipio CC, PP y Sí se Puede- por la licencia de la obra para la instalación del ciclo combinado en la central eléctrica ubicada en el Polígono Industrial de Granadilla, así como los intereses devengados desde 2010.
granadilla de abona
Pérez culpa a Rodríguez
El portavoz del grupo de gobierno de Granadilla de Abona, Jacobo Pérez Cabrera, acusa al Grupo Municipal Socialista y responsabiliza al entonces responsable de Urbanismo y presidente de la empresa pública municipal Grasur, Juan Rodríguez Bello, "de que las arcas públicas tengan que devolver una subvención y un préstamo de 3,5 millones de euros por no cumplirse con la ejecución del Rypaig (Reindustrialización y Potenciación de la Actividad Industrial en Granadilla) en el Polígono Industrial", proyecto subvencionado por el Ministerio de Industria.
Desinterés y desidia
Jacobo Pérez asegura que "debido al desinterés y la desidia socialista, que no gestionó y cumplió con los plazos estipulados", el consistorio tendrá que devolver ese dinero "con recargos". El pasado 12 de abril la Agencia Tributaria recabó al Ayuntamiento su abono antes del pasado 20 de abril. El concejal de Hacienda y de Economía explica que "en estos momentos estamos trabajando para buscar las fórmulas que menos afecten a la estabilidad presupuestaria, debido a una gravísima negligencia, que avalan los técnicos municipales, y que es responsabilidad única y exclusivamente del grupo socialista".