El Pleno del Ayuntamiento de Arona aprobó anoche el Plan Económico y Financiero al que le obliga el Ministerio de Hacienda como consecuencia del incumplimiento de la regla del gasto al superar el 1,8% de incremento respecto al ejercicio anterior establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En este caso el aumento fue del 7,22%.
La causa fue invertir en saldar la deuda bancaria de 11 millones de euros que tenía la Corporación dejando la misma a cero, toda vez que la administración disponía de recursos dinerarios para afrontar tal medida, así como en emplear más de 96,8 millones en gastos directos.
El documento, en cuya aprobación se abstuvieron CC y PP, establece en esta ocasión que el ayuntamiento no destinará parte de su Remanente de Tesorería a gasto corriente. Ese Remanente superó los 49 millones al cierre del ejercicio presupuestario de 2016. Además, durante la sesión quedó claro que el gobierno municipal no está obligado a realizar ajustes presupuestarios y que "el aumento de las obligaciones es de carácter coyuntural y no estructural, por lo que se prevé que en la liquidación de este 2017 se vuelva a cumplir la regla de gasto".
Raquel García, concejal de Hacienda, se pronunció en el sentido de que el ejercicio en curso concluirá "con el cumplimiento de los objetivos que determina la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera".
El alcalde hizo hincapié en cuestiones como el hecho de que el Ayuntamiento de Arona es una administración con deuda cero, incidió en el superávit mayor a los 17 millones de euros y en los más de 49 millones de Remanente de Tesorería, en la existencia de 67 millones de fondos líquidos, en que el pago a proveedores se encuentra ya en una media de 14,6 días y en que la ejecución presupuestaria del año pasado fue del 106,64%. Consecuentemente, el gobierno municipal aronero entiende que "disponemos de capacidad económica, pero muy limitada por el Gobierno central con una norma que castiga a administraciones como esta".
Cuestión de carreteras
Finalmente, la moción a través de la que se pretendía que el Pleno respaldara la petición de mejoras considerables para las carreteras supramunicipales fue aprobada por unanimidad. El debate sirvió, simplemente, para evidenciar el color político de las administraciones demandantes y demandadas, ya que mientras el gobierno local defendió la tesis de mostrarse firmes e inflexibles en reclamar inversiones y actuaciones urgentes, tanto en la autopista como entre Guaza y Valle San Lorenzo, desde CC se intentó suavizar un texto que señala directamente al Cabildo, donde los nacionalistas tienen la Presidencia y la competencia, y al Gobierno canario.