El juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arona, Francisco Borja Abeijón, acordó el aplazamiento de las declaraciones de ocho investigados en el marco de la pieza separada del caso Arona 2. Se juzga la concesión de 131 licencias urbanísticas contraviniendo los trámites legales o reglamentarios, presuntamente, entre el 15 de diciembre de 2006 y el 20 de mayo de 2011. Lo hizo la Junta de Gobierno Local en el transcurso de 66 sesiones celebradas en mandatos diferentes, con José Alberto González como alcalde.
El magistrado aceptó el aplazamiento solicitado por un abogado de la defensa, Fredy Santos, quien documentó que ya tenía programado un viaje que se desarrolla en las mismas fechas previstas para la toma de declaraciones a algunos de sus representados: desde ayer hasta mañana.
Ayer tenía que comparecer Antonio Sosa (11:30 horas) y María Candelaria Padrón (12:30 horas), quienes fueron concejales de CC; para hoy estaban citados José Ramón García (10:00), Martina Melo (11:00) y Miguel Ángel Méndez (12:00), quien fue el candidato de CC a la Alcaldía aronera en las últimas elecciones. Mañana tendrían que declarar Francisco Toledo (10:00), Antonio Miguel García Marichal (11:00) -ejerce en la actualidad como consejero de Innovación, Educación, Cultura y Deportes del Cabildo y coordinador del Comité Local de Coalición Canaria en Arona- y Miguel Ángel Méndez (12:00).
Todos ellos comparecerán, en la fecha que determine el juez, en calidad de investigados en el marco de la pieza separada del caso Arona 2, que tiene en el abogado Felipe Ricardo Miranda la dirección letrada de los denunciantes, Arcadio Rodríguez y José Antonio Reverón González -hoy primer teniente de alcalde y concejal de Planificación Estratégica de la Acción de Gobierno, Transparencia y Participación Pública-.
Los expedientes que dieron lugar a este caso reflejan, según el auto emitido en noviembre de 2014, que la Junta de Gobierno Local otorgó las licencias pese a la existencia de informes desfavorables del servicio de Urbanismo, sin constar que se haya podido emitir informe de tal área ni que el inmueble tenga licencia de obras, son nulas de pleno derecho las licencias otorgadas, no se ha terminado la urbanización, no consta que en la Junta de Gobierno Local de esa fecha se abordara el tema referido a la licencia de obra mayor, se deja caducar el procedimiento de caducidad sin iniciarse el procedimiento de oficio, afecta a terreno dedicado a parques y jardines por silencio positivo o continua la actividad pese a no tener licencia de apertura.