El juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Jorge María Riestra Sierra, suspende cautelarmente la aplicación del decreto emitido por la alcaldesa de Candelaria ordenando el cierre del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar. "Atendiendo a los actos previos" de dicha corporación, "no se aprecia que exista especial urgencia en la ejecución de dicho acto administrativo".
La medida responde al recurso interpuesto por la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial Valle de Güímar. En la misma, el colectivo Polgüímar enumera una serie de perjuicios inherentes a la ejecución del cierre del emisario submarino, citando expresamente la pérdida de 40 puestos de trabajo directos y 200 indirectos y un coste de 2,6 millones de euros solo a la empresa Cervezas Reina.
Otra sociedad expresamente perjudicada sería JSP, que "vería parada su producción en este centro", al igual que Toledo Importmit, con 44 empleos afectados y cierre de la actividad; Alucan cerraría con la pérdida de 97 puestos de trabajo directos y 400 indirectos, y Air Liquide cesaría su actividad "inmediatamente".
Los técnicos y juristas consultados coinciden en explicar que el cierre del emisario submarino "no resuelve el problema, porque los vertidos continuarían, pero hacia otro sitio donde la contaminación continuaría". IUC y Sí se Puede ya advirtieron anteayer a la Fiscalía, en el momento de presentar una denuncia, que en el Polígono Industrial Valle de Güímar hay otros tres puntos por los se emiten vertidos al mar.
Por otra parte, los ayuntamiento de la comarca han recibido las citaciones para que los regidores de cada uno de ellos comparezca ante el juez para declarar en calidad de investigados por estos vertidos ilegales.