Los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar no continuaron tramitando la renovación de la autorización del vertido a través del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar ni la concesión para la ocupación de espacio de dominio público marítimo-terrestre. Estuvieron tres años sin aportar documentación alguna a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno canario.

En el marco de las conversaciones mantenidas desde el año 2010 para la entrega del área industrial a los tres municipios, la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial Valle de Güímar presentó la solicitud ante la referida viceconsejería dos días antes de que expirara. La propia viceconsejería inició el expediente para conceder tal renovación. De todo ello tenían conocimiento los ayuntamientos, indican fuentes del ente ahora señalado como responsable del posible cierre del emisario y cese de los vertidos.

El emisario submarino de este complejo industrial fue construido inicialmente para atender la demanda de seis millones de metros cuadrados de superficie, pero el Polígono se quedó finalmente en dos millones. Su mantenimiento anual tenía un coste aproximado de 60.000 euros. La falta de vigilancia y control favoreció la acción de los vándalos y el desmantelamiento de su equipamiento.

De todo ello son conscientes en la Asociación Mixta de Compensación, prácticamente desvinculada del Polígono Industrial y en fase de disolución desde hace más de dos años. Este colectivo promovió la instalación de sistemas de pretratamientos en el año 2000, con el apoyo de la Viceconsejería de Medio Ambiente. De hecho, muchas empresas continúan disponiendo del mismo.

En cuanto a la red de saneamiento, a través de la que llegan los vertidos al emisario submarino (que carece de instalación de pretratamiento), fue renovada completamente cuando la Asociación Mixta de Compensación invirtió 10 millones de euros en la rehabilitación integral de todo el ámbito. La falta de mantenimiento ha generado el deterioro de muchos elementos esenciales.

Pese al silencio que mantiene la Asociación Mixta, las fuentes consultadas entienden que la no constitución de la Entidad Urbanística de Conservación es la clave de la actual problemática.

La Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial Valle de Güímar está integrada por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) -del Ministerio de Fomento-, Cabildo, CajaCanarias (hoy CaixaBank), empresarios y los tres ayuntamientos de la comarca.