"Existe una situación urbanística realmente oscura y presuntamente ilegal en términos urbanísticos en torno a la Unidad de Actuación C04 de Punta Larga", expresó la portavoz de Sí se Puede, Mayca Coello, ante la Corporación candelariera. Es la zona que debe albergar el parque urbano de Punta Larga, con casi 30.000 metros cuadrados, "cuya ejecución es obligatoria".

Coello recordó que han transcurrido 18 años "desde que en 1999 el Ayuntamiento de Candelaria aprobó, en pleno, la constitución de la Junta de Compensación" compuesta por varios propietarios, entre los que la parte mayoritaria corresponde a PPL y Carlacand.

"Se finalizaron y se vendieron, por lo menos en los edificios de estas dos empresas, 631 viviendas, 1.462 plazas de garaje, 335 trasteros y 17 locales comerciales", aportó la edil ecosocialista, además de la cuarta planta que se autorizó mediante convenio y que "continúa hoy sin licencia de primera ocupación tramitada ni pagada, a pesar de estar vendidas, hipotecadas y habitadas desde hace años".

Esta situación urbanística vinculada al parque urbano de Punta Larga, comprometido en 1999, se encuentra ahora con la discrepancia sobre quién tiene la obligación de construirlo, si los promotores (como se dijo hace 18 años, defiende SsP y el edil de Urbanismo, Fernando Alduán) o el propio ayuntamiento. El dilema lo despejarán los informes, internos y externos, que encargó el gobierno local. Entonces se depurarán responsabilidades.